El economista Ronald Ian McKinnon advirtió que la secuencia importa tanto como el contenido de las reformas estructurales. Primero debe abrirse el comercio y sólo después la cuenta financiera, de manera de evitar la apreciación cambiaria por la entrada de capitales externos que termina destruyendo la competitividad antes de que la economía tenga tiempo de reconvertirse.
En el caso argentino, la lógica es análoga, pero la urgencia es extrema. No puede haber reformas estructurales sostenibles sin estabilidad monetaria previa: sin una moneda confiable no existe ahorro, y sin ahorro no hay crédito. Sin crédito, la inversión se paraliza y cualquier intento de reconversión productiva o de transformación económica queda reducido a una declaración de intenciones. Por ahora, el financiamiento depende esencialmente del ahorro interno y, sobre todo, en los años no electorales.
La Argentina llegó al umbral de la hiperinflación en 2023 con una demanda de dinero en colapso, precios dolarizados, cortoplacismo extremo y evidencia cualitativa de comportamientos de economía de guerra: saqueos, robo de metales y mercados informales generalizados. En esa situación, ninguna reforma puede arraigarse. Los contratos se disuelven, los marcos regulatorios pierden eficacia y los incentivos se distorsionan de forma irreversible.
La evidencia empírica demuestra que, para estabilizar un umbral de hiperinflación y crecer de manera sostenible, se requiere un cambio de régimen creíble. Para ello es necesaria una profunda reforma monetaria y bancaria que restablezca la credibilidad en el sistema financiero y en su Banco Central, como recomienda Thomas Sargent (1982).
El Banco Central sigue regido por la carta orgánica de la era de Mercedes Marcó del Pont, en la que la estabilidad era un objetivo secundario. Hemos pasado de la anomia de no cumplir las leyes a no darnos siquiera la formalidad de su existencia.
Desde un Banco Central verdaderamente independiente —junto con un Indec, una UIF y organismos de control con autonomía real— hasta esquemas como la convertibilidad o una dolarización formal: todas forman parte del abanico de reformas monetarias que la Argentina discutió durante décadas, pero que aún no terminó de implementar. El dólar sigue siendo la unidad de cuenta y reserva de valor de los argentinos. Si no se quiere dolarizar, el presidente del BCRA tendría que durar y tener tanto o más poder que el presidente de turno.
El sistema financiero argentino funciona desde hace décadas como instrumento de financiamiento del Estado, no como intermediario del ahorro privado hacia la inversión productiva. Bancos, FGS y aseguradoras aún hoy mantienen más del 50% de sus carteras en deuda pública. Esta anomalía, que el economista Gerry Della Paolera denominó “gaucho banking”, implica que cualquier crisis fiscal, así como el riesgo político electoral, generan corridas bancarias cada dos años.
Resulta necesaria una reforma bancaria que prohíba o limite severamente la colocación de los depósitos de los argentinos en deuda pública. La deuda pública seguirá “roleándose” exclusivamente con el ahorro voluntario de los argentinos o de no residentes. De esta manera, los bancos ampliarán y diversificarán el crédito a las empresas y a los hogares.
Contexto de incertidumbre
No hay reforma previsional sostenible con una base contributiva cuyos aportantes representan sólo un tercio del empleo total. La reforma laboral recientemente aprobada, aunque parcial, es un soporte fundamental para la generación de empleo, de modo que una reforma previsional futura sea sostenible.
Pero el tipo de cambio es un componente fundamental de los costos laborales. Con incertidumbre cambiaria en cada ciclo electoral es imposible que las pymes amplíen su dotación de personal. El trabajo es capital (humano); exige invertir a largo plazo en educación y experiencia tanto para las empresas como para el trabajador.
Dilema intertemporal
Las privatizaciones generan un dilema intertemporal que la Argentina ya transitó en la década del ‘90. La utilidad marginal de los fondos líquidos obtenidos por la venta de empresas públicas en una emergencia hiperinflacionaria es altísima, como señaló Pablo Gerchunoff. Sin embargo, esa urgencia no puede justificar resignar simultáneamente la eficiencia asignativa y la productiva.
El saneamiento de las empresas públicas implementado por el gobierno es auspicioso. Sin embargo, es imprescindible una reforma monetaria previa que reduzca de forma permanente el riesgo país hasta el nivel de las naciones vecinas y elimine el efecto económico del riesgo político electoral, no solo para maximizar el valor presente de las empresas a privatizar, sino también para establecer marcos regulatorios sostenibles más allá del presente mandato que aseguren tarifas y precios competitivos no monopolísticos.
La secuencia de las reformas importa. La efectividad de las privatizaciones, la reforma laboral previa a la reforma previsional, la reforma impositiva y la reconversión productiva exigen, primero, una reforma monetaria y bancaria urgente y previa, dado que somos casi el único país en la historia mundial que repite hiperinflaciones.
De lo contrario, todo dólar de exportación generado por las oportunidades estratégicas: Vaca Muerta, Litio, Tierras Raras, Agroindustria y los fondos obtenidos por la venta de empresas públicas se irá en la posible dolarización precautoria de los argentinos en cada año electoral.
