El ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, sugirió que el Gobierno avance con una ley para dar previsibilidad a la reducción de las retenciones y sostuvo que, ante la aparición de nuevas fuentes de ingresos para la Argentina vinculadas al petróleo, la minería y la energía, “llegó la hora” de que el campo reciba un mayor alivio impositivo.
Durante la jornada Pulso Tierra, organizada por la Federación Agraria Argentina (FAA) en Córdoba, el funcionario consideró que la baja de los derechos de exportación debería transformarse en una política de largo plazo y no depender de decisiones transitorias. La semana pasada, el gobierno de Javier Milei anunció una reducción de las retenciones para el trigo y la cebada desde junio y un cronograma para la soja, el girasol, el maíz y el sorgo desde enero próximo.
“Si estamos de acuerdo y tenemos la decisión de hacerlo, rápidamente enviemos una ley al Congreso de la Nación y le demos certeza y seguridad a esa decisión”, afirmó al referirse a la reducción de las retenciones y a la necesidad de otorgar previsibilidad al sector.
Busso sostuvo que los derechos de exportación se fueron naturalizando con el paso de los años y reclamó volver a poner el tema en el centro de la discusión. “No quiero naturalizar las retenciones. Nosotros tenemos que trabajar para que desaparezcan porque no las tiene nadie”, señaló.
En ese contexto, argumentó que históricamente las retenciones se mantuvieron por las necesidades fiscales del Estado, pero consideró que la irrupción de nuevos motores económicos abre una oportunidad para avanzar en un alivio para el agro. “A esos motores de la economía se los incentiva, se les baja el impuesto, las provincias reciben regalías y llegó la hora de que le toque al campo”, afirmó en referencia al desarrollo de Vaca Muerta, la minería y los proyectos energéticos.
Según indicó, esos sectores comenzarán a generar recursos que antes no existían para la economía argentina, por lo que consideró que el agro no debería seguir siendo uno de los principales aportantes vía derechos de exportación.
El ministro también llamó la atención sobre el peso que tienen las retenciones en la rentabilidad de los productores. Como ejemplo, mencionó que en zonas agrícolas de alta productividad de Córdoba, como Marcos Juárez, un productor puede llegar a pagar el equivalente a 15 quintales de soja por hectárea en concepto de derechos de exportación, mientras que el impuesto inmobiliario rural representa menos de un quintal.
Busso también advirtió sobre lo que considera un problema adicional vinculado a las retenciones: la falta de percepción que existe sobre su verdadero impacto económico. Según sostuvo, a diferencia de otros tributos, los derechos de exportación se descuentan al momento de comercializar la producción, por lo que muchos productores no dimensionan cuánto pagan efectivamente. “¿Por qué no reaccionar con las retenciones y sí con el impuesto inmobiliario rural o una tasa municipal? La conclusión es porque el productor no las paga. No saca la plata del bolsillo para pagar. Vos pagás la retención y ni te enterás de lo que te descontaron”, afirmó.
Además, estimó que durante la actual campaña agrícola los productores cordobeses aportarán entre US$2000 millones y US$2200 millones al Estado nacional por derechos de exportación.
Más allá de la discusión por las retenciones, Busso contó que regresó del reciente congreso Maizar con una expectativa diferente sobre el futuro de los biocombustibles. En particular, destacó declaraciones del secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, quien planteó que las provincias que así lo deseen podrían avanzar con cortes superiores a los obligatorios definidos a nivel nacional. Para el ministro cordobés, esa posibilidad representaría “un cambio de paradigma absoluto” por el impacto que tendría sobre las inversiones, el agregado de valor y la generación de empleo.
El ministro remarcó que una mayor utilización de bioetanol permitiría transformar más maíz dentro del país, impulsar nuevas inversiones industriales y generar empleo. En ese sentido, puso como ejemplo a Bio4, la planta de bioetanol de Río Cuarto creada por productores agropecuarios. “Por cada punto de biocombustible, en este caso bioetanol, que se aumente es una empresa Bio4 nueva que se hace en Córdoba”, afirmó.
Según detalló, una inversión de esas características permitiría crear alrededor de 200 puestos de trabajo directos. “Estamos convencidos que con valor agregado, transformando la producción, se puede generar un montón de posibilidades, sobre todo generar trabajo”, concluyó.
