La polémica se instaló en el municipio de Avellaneda, que gobierna el intendente peronista Jorge Ferraresi, tras la denuncia pública de un concejal de Pro que advirtió que el jefe comunal le entregó una vivienda de un plan gubernamental a un funcionario de su organigrama en la intendencia.
El edil Lucas Yacob difundió el caso de Patricio Gonzalo Pavón, subsecretario de Administración de Avellaneda, que accedió a una vivienda del plan Casa Propia-Construir Futuro, creado durante el paso de Ferraresi como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, durante el gobierno de Alberto Fernández.
El actual funcionario municipal resultó adjudicatario de una vivienda en la localidad de Piñeiro, en un predio que se ubica en las calles Catamarca y Entre Ríos, en un proceso que entregó un total de ocho unidades funcionales. El 6 de mayo de 2024, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó junto a Ferraresi de la entrega de la propiedad al subsecretario, que ejerce su cargo en la órbita de la Jefatura de Gabinete municipal, que conduce Magdalena Sierra, la esposa de Ferraresi.
“La gente nos comenta que es imposible acceder a viviendas que entrega la municipalidad y que siempre viven funcionarios o militantes que hasta las suelen alquilar. Presentamos un pedido de informe en el Concejo Deliberante. Entregan viviendas a funcionarios y militantes, hacen actos políticos en edificios públicos y persiguen opositores. Manejan la ciudad como el patio de su casa. Patricio Pavón siempre fue secretario privado de Magdalena Sierra, y hace tiempo está nombrado subsecretario”, reprochó Yacob, en diálogo con LA NACION.
Fuentes confiables del distrito aclararon a LA NACION que “estas viviendas no se regalan, se cobran por mes”. Las mismas fuentes añadieron que se trató de un programa “segmentado para la clase media”, y puntualizaron: “Al trabajador municipal, se le descuenta del sueldo [la cuota de la vivienda]. Hubo un subprograma para trabajadores municipales. Cuando le adjudicaron la vivienda, él [por Pavón] era un trabajador más; hoy es funcionario”.
La adjudicación de la vivienda al funcionario municipal (y a otros empleados del municipio) fue observada por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. En su informe del 9 de abril, en el que analizó las cuentas municipales del año 2024, el tribunal formuló observaciones sobre la entrega de las viviendas. Entre otras, indicó que se verificó “la aplicación de la Ordenanza N° 29.967 y nunca se mencionó la N° 29.561″. La primera de esas ordenanzas es la que se aprobó para ejecutar el programa nacional de viviendas en cuestión; con la segunda, se creó el programa Vivienda Única, que cuenta con un decreto complementario para el caso de los empleados municipales.
“Los fondos nacionales están destinados a beneficiar a la comunidad en general o a grupos específicos con necesidades habitacionales, pero no puede establecerse como beneficiarios el grupo de empleados municipales por sobre la comunidad general. Concluyó que en dicha ordenanza [29.561] no se establece que se puedan adjudicar las viviendas en forma directa ni tampoco a empleados municipales”, se concluyó en el informe del Tribunal de Cuentas, un organismo que controla los números de los 135 municipios y preside Federico Thea, un dirigente de extrema confianza de Kicillof.
Desde Avellaneda, indicaron a LA NACION que “las observaciones del Tribunal de Cuentas fueron resueltas” y no se aplicaron sanciones contra la intendencia.
