MADRID.– En medio del escándalo por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la Guardia Civil española irrumpió este miércoles en la sede central del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en Madrid, por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en el marco de una investigación sobre una presunta trama destinada a desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al partido y al gobierno. El operativo incluyó el requerimiento de documentación clave y registros simultáneos en domicilios de exdirigentes socialistas y empresarios vinculados a la causa.
Según fuentes judiciales, la actuación forma parte de la investigación abierta contra Leire Díez, exmilitante socialista detenida en diciembre pasado por presunto tráfico de influencias. Las pesquisas apuntan a que Díez habría sido una pieza central en una estructura que, entre 2021 y 2023, habría canalizado pagos desde el entorno del partido hacia terceros con el objetivo de promover campañas de desinformación contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad.
El despliegue de la Unidad Central Operativa (UCO) no se limitó a la sede partidaria. También se realizaron registros en los domicilios en Madrid de figuras como Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y Gaspar Zarrías, expresidente de la Junta de Andalucía, además del empresario Javier Pérez Dolset. Cerdán fue imputado en la causa junto con otros dos cargos del partido.
La investigación, conocida como “caso Sepi”, también alcanza a Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y al empresario vasco Antxon Alonso. De acuerdo con los investigadores, los tres habrían conformado una red para el cobro de comisiones ilegales vinculadas a adjudicaciones públicas y ayudas estatales, utilizando incluso un grupo de WhatsApp denominado “Hiruro” —“nosotros tres”, en euskera— como canal de comunicación.
Las actuaciones bajo sospecha abarcan cinco operaciones que suman cerca de 132,9 millones de euros en ayudas y contratos, con empresas como Mercasa, Enusa, Sepides, Servinabar, Forestalia y Tubos Reunidos entre las entidades salpicadas. En este último caso, se investiga el rescate aprobado en 2021 por más de 112 millones de euros. Las comisiones ilegales, según estimaciones preliminares, habrían superado los 750.000 euros y se habrían canalizado a través de la firma Mediaciones Martínez S.L.
Pese a la magnitud del caso, las autoridades subrayan que hasta el momento no se han detectado indicios de financiación ilegal del PSOE como estructura partidaria. No obstante, el avance de la investigación añade presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, que atraviesa una etapa de creciente desgaste político por la acumulación de escándalos judiciales.
La operación policial coincidió con la visita oficial de Sánchez al Vaticano, donde fue recibido por el papa León XIV. En la conferencia de prensa posterior, el presidente del gobierno español aseguró “total colaboración con la justicia” y advirtió que, de detectarse nuevas irregularidades, el Ejecutivo actuará “con la misma contundencia” que en casos anteriores. El mandatario también expresó su respaldo a su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en otra causa por presunto tráfico de influencias relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. “Todo mi apoyo al presidente Zapatero”, afirmó Sánchez, al tiempo que insistió en el respeto a la presunción de inocencia y descartó adelantar las elecciones generales previstas para 2027.
La imputación de Zapatero y el caso Díez se suma a otras investigaciones judiciales que debilitan a Sánchez, entre ellas la de su hermano David, su esposa, Begoña Gómez, y su antiguo hombre de confianza, el exministro de Transportes José Luis Ábalos.
La respuesta política no se hizo esperar. El líder del opositor Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó la situación de “agónica” y volvió a exigir la convocatoria de comicios anticipados. “Estamos poniendo en cuestión la decencia, no solo del gobierno, sino del conjunto del sistema”, declaró en el Congreso.
Desde el Ejecutivo, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió la postura de “tolerancia cero” frente a cualquier irregularidad y pidió respeto por los procesos judiciales en curso.
Agencias AFP y ANSA y diario El País
