El Gobierno recibió 235 ofertas de 37 empresas por un total de 8336 MW en la licitación lanzada para incorporar sistemas de almacenamiento eléctrico con baterías en distintas regiones del país, un resultado que superó en casi 12 veces la potencia objetivo de 700 MW fijada inicialmente por la Secretaría de Energía.
En el sector y dentro del Gobierno interpretaron el resultado como una fuerte señal del interés privado por invertir en infraestructura energética en la Argentina, en un contexto en el que la administración de Javier Milei busca avanzar con obras financiadas principalmente por capitales privados y no por el Tesoro.
La convocatoria apunta a sumar respaldo energético en nodos considerados críticos del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con el objetivo de reducir cortes de luz y mejorar la respuesta del sistema frente a picos de demanda, especialmente durante el verano y el invierno. El almacenamiento eléctrico aparece además como uno de los nuevos segmentos que más interés despiertan dentro del sector energético, junto con Vaca Muerta, las energías renovables y las obras de transmisión.
La licitación contempla la instalación de sistemas BESS (Battery Energy Storage Systems), es decir, grandes baterías capaces de almacenar energía cuando la demanda es baja y liberarla en momentos de mayor consumo. No generan nueva electricidad, pero permiten aportar flexibilidad operativa al sistema, sumar reservas y reducir la probabilidad de interrupciones del servicio.
Entre las empresas que presentaron las mayores ofertas aparecen MSU Green Energy, con proyectos por 920 MW; Industrias Juan F. Secco, con 740 MW; Genneia, con 659 MW; Luz de Tres Picos, con 645 MW; Central Puerto, con 1220 MW (600 MW son de su compañía de renovables Puerto La Genoveva); e YPF Luz, con 520 MW. También participaron compañías como Aluar, Pampa Energía, AES Argentina, 360 Energy, TESLACOM, Coral y varias firmas provinciales y cooperativas eléctricas.
El resultado también mostró una fuerte atomización de las propuestas. Muchas compañías presentaron múltiples proyectos distribuidos en distintos nodos del país, una estrategia que en el sector explican por la búsqueda de maximizar las posibilidades de adjudicación y diversificar riesgos geográficos y regulatorios.
La iniciativa amplía el esquema que el Gobierno ya había aplicado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mediante el programa “Alma-GBA”, considerado el primer desarrollo de almacenamiento eléctrico a gran escala del país. En esa licitación se adjudicaron 667 MW —por encima del objetivo inicial de 500 MW— con inversiones estimadas en más de US$540 millones. Las obras actualmente se encuentran en ejecución y deberían estar listas para el verano de 2027.
Ahora, la Secretaría de Energía busca extender el modelo hacia regiones del NOA, NEA, Centro, Litoral, Cuyo y la provincia de Buenos Aires, excluido el AMBA. Según el cronograma oficial, Cammesa evaluará las ofertas técnicas y el 16 de junio se publicarán los resultados preliminares. Luego se abrirán las propuestas económicas y la adjudicación final se concretaría durante los primeros días de julio.
La licitación forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para reforzar la infraestructura energética tras años de falta de inversión en transmisión y respaldo eléctrico. En paralelo, Energía prepara una gran licitación para ampliar la red de transporte eléctrico en el AMBA mediante concesiones privadas con garantía parcial del BID, además de nuevos concursos para sumar generación térmica modular en zonas críticas.
