La puja por la investigación del “rulo financiero” no cede. El juez Daniel Rafecas, que reemplaza a la jueza María Servini hasta este viernes, rechazó la unificación de las causas por el doblar blue. De esta manera, ahora la Cámara Federal debería definir si se anexan las causas.
Ante un planteo de inhibitoria que había hecho el juez Ariel Lijo cuando se levantó el secreto de sumario, Rafecas contestó que las dos causas tiene objetos de investigación diferentes, aunque compartan algunos de los imputados. “De la lectura del objeto procesal de ambos legajos, no encuentro que deban tener –al menos en este estadio inicial por el que están transitando– un trámite conjunto, ni que guarden relación uno con el otro, ya que claramente se advierten diferentes objetos procesales, tal como lo expresara una de las partes», sostuvo la jueza federal en un fallo al que tuvo acceso LA NACION.
Hace dos semanas, Servini había ordenado un embargo hasta cubrir $859.516 millones sobre los financistas y casas de cambio investigados. En esa misma resolución, la jueza le puso por primera vez un número al presunto perjuicio al Estado por el circuito del dólar blue durante la gestión de Alberto Fernández: US$607 millones. Ese monto surge de las extracciones en efectivo que habrían terminado en el mercado paralelo.
En ese expediente están bajo la mira las operaciones de Mega Latina, Gallo Cambios, Arg Exchange, Stema Cambios y Ars Cambios, entre otras casas de cambio.
El caso de Mega Latina es emblemático. Esa casa de cambio vendió US$466 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023, previo a la denominada normativa “anti blue”. Detrás de esa entidad aparecen Juan Ignacio Agra y la contadora Valeria Fernández, dos nombre que se repiten en otros expedientes.
Arg Exchange, de Elías Piccirillo y Martín Migueles, compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar entre enero y diciembre de ese año. Era un “pasamanos” que no encendió las alertas de las autoridades del BCRA de ese momento. “Esa situación constituye una alerta que no podía ser ignorada por la entidad, puesto que implicó su participación en un ‘pase de manos’ de pesos y dólares sin justificación económica aparente”, se puede leer en uno de los sumarios que se activaron el año pasado.
Varias de las “cuevas” y de los financistas se repiten en la causa que tiene delegada el fiscal Franco Picardi. En este expediente se investiga la maniobra del dólar blue, que llegó a dejar ganancias del 100% en la época de cepo, y la posible connivencia con funcionarios del Banco Central. Por ahora son funcionarios de segunda línea.
Recién en 2025, esa entidad comenzó a cerrar sus primeros sumarios. Esas investigaciones dan cuenta de un circuito que movió al menos US$900 millones.
La causa luego incorporó el “circuito paralelo” para autorizar importaciones mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Los chats y audios que surgieron del teléfono de Migueles, exsocio de Piccirillo, reflejan una supuesta intermediación con “la gente de adentro” para obtener un rédito de entre el 10 y el 15% de las importaciones.
Picardi pidió identificar a los funcionarios que intervinieron en una serie de operaciones sospechosas dentro de la Secretaría de Comercio, la exAFIP y el Banco Central, por entonces comandadas por Matías Tombolini, Carlos Castagneto y Miguel Ángel Pesce, respectivamente. Todavía no hubo respuestas.
La causa lleva casi un año: comenzó en julio del año pasado a partir de unos audios encontrados en un pen drive aportado por Carlos “El Lobo” Smith, un expolicía que trabajaba para Piccirillo y terminó declarando como “arrepentido”. En ese pen drive había conversaciones de Piccirillo con Francisco Hauque y con una funcionaria del Banco Central, Romina García, que hablaba de funcionarios “entongados”.
García, la única que se negó a aportar a la Justicia la clave de su teléfono, declaró luego en un sumario interno del BCRA que dijo esa frase porque estaba “nerviosa”.
Al momento de impulsar la inhibitoria, el fiscal Picardi dijo que su causa estaba más avanzada que la de Servini por la cantidad de allanamientos realizados. En esos procedimientos, se incautaron 30 teléfonos que ahora están siendo peritados.
