El ámbito judicial de San Juan se prepara para una etapa de cambios significativos con la implementación del sistema acusatorio y el nuevo régimen penal juvenil. Ante este escenario, la máxima autoridad del Ministerio Público, Baigorria, ha definido una hoja de ruta centrada en el fortalecimiento de los recursos humanos.
El objetivo central de la gestión es asegurar la operatividad de los tribunales mediante la creación de nuevos cargos. Baigorria elevará formalmente un pedido al Gobierno provincial para la designación de fiscales y ayudantes fiscales, puestos clave para garantizar la fluidez de los procesos bajo la nueva normativa procesal.
«La puesta en marcha del sistema acusatorio y el régimen penal juvenil requiere de una estructura sólida que responda a los plazos y exigencias de los nuevos procedimientos», señalaron fuentes cercanas a la institución.
La transición hacia el sistema acusatorio implica una reconfiguración de las funciones dentro de la justicia provincial. La necesidad de contar con personal capacitado y suficiente no solo responde a una cuestión operativa, sino a una demanda de mayor eficiencia y celeridad en la resolución de causas penales, especialmente aquellas que involucran a menores de edad.
La expectativa es que, a través de este diálogo entre los poderes del Estado, se logre un acuerdo que permita cubrir estas vacantes de manera urgente antes de la plena entrada en vigencia del nuevo marco legal.
