Un grupo de abogados de los empresarios acusados de pagar sobornos en la causa de los cuadernos de las coimas analiza denunciar al fiscal federal Carlos Stornelli, que llevó adelante la investigación del caso, con el argumento de que supuestamente presionó a los testigos.
La decisión surgió tras la declaración del portero del edificio de Cristina Kirchner, Julio César Silva, en la que se retractó de sus afirmaciones anteriores cuando había contado haber visto el ingreso de bolsos, supuestamente con dinero, al inmueble de Juncal y Uruguay. Ahora declaró que no había visto bolsos.
Silva había sido ofrecido por la fiscalía para corroborar el ingreso de los conocidos bolsos con dinero a ese domicilio, pero cuando lo interrogó el juez Germán Castelli dijo que no fue así y que había cometido un delito al declarar cosas que no eran ciertas.
Silva dijo que cuando se allanó el departamento, alrededor de las 18.30, el oficial a cargo del operativo se comunicó telefónicamente con el juez Claudio Bonadio y le informó que el procedimiento no había arrojado resultados positivos para la investigación.
Según el testigo, escuchó que Bonadio le respondía que el allanamiento no debía finalizar hasta tanto se encontraran elementos de valor para la causa.
Ante las preguntas del tribunal sobre cómo había podido oír al juez, Silva explicó que se encontraba junto al oficial que hablaba con Bonadio y que la conversación resultaba audible.
El allanamiento recién concluyó a las 00:30, con el secuestro de unos cuadros que había en el inmueble.
Luego, Castelli le consultó si había visto a Daniel Muñoz, secretario de Cristina Kirchner, ingresar al inmueble con bolsos.
El testigo respondió que pocas veces. El vocal solicitó entonces que se le exhibiera la declaración testimonial que Silva había prestado en 2018 ante el juzgado de Bonadio, en la que afirmaba algo distinto.
Finalmente, el testigo sostuvo que no había leído aquella declaración y que su contenido no era cierto. Explicó que no leyó lo que estaba escrito y que se sintió incómodo. Recordó que los funcionarios le recordaban que tenía dos hijas y que terminó firmando la declaración sin leerla.
“Cometí un delito y lo acepto. Firmé, pero no estaba de acuerdo. Ni lo leí”, aseguró Silva. “Eso de que venían con bolsos y valijas, eso yo no lo dije”, afirmó ante las preguntas puntuales que le formuló el juez Germán Castelli.
En su declaración de 2018, que fue exhibida, el encargado había dicho: “Él [por Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner] venía solo. Nunca lo vi con Kirchner. Entre 2007 y 2010, Muñoz venía con personas y he visto movimientos de bolsos y valijas con una frecuencia semanal o a veces de 15 días, pero no puedo precisar cuántas veces”.
Ahora se retractó. Dos hijas del encargado, gracias a la intervención del secretario de Cristina Kirchner, trabajaron en el Ministerio de Planificación. Una de ellas lo hizo hasta que asumió Mauricio Macri, en 2015, según reconoció el propio encargado; la otra recaló en el Incaa de Colón, Entre Ríos.
Como un contraataque para debilitar la acusación, un grupo de abogados que representa tanto a empresarios como a exfuncionarios kirchneristas está ahora evaluando presentar una denuncia ante la justicia, según dijeron sus allegados.
El objeto de esa presentación sería investigar a los funcionarios del Poder Judicial intervinientes y al fiscal Stornelli.
Sostienen los abogados que quieren hacer extensiva la denuncia a otros hechos que consideran irregulares ya rechazados por el tribunal oral, la Casación y la Corte.
