El Gobierno dispuso este viernes una asignación de $580.000 millones para el PAMI y definió su realidad como “crítica”. La resolución, según lo publicado, busca cancelar compromisos acumulados con proveedores sanitarios para asegurar la continuidad de los servicios.
El documento justifica la transferencia con la “crítica situación financiera” que atraviesa Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y lo considera necesario para “garantizar la continuidad de las prestaciones”.
Federico Furiase, secretario de Finanzas, y Carlos Jorge Guberman, secretario de Hacienda, firmaron la normativa, que formaliza un “aporte financiero reintegrable” por un total de $580.270.262.261. El financiamiento se ejecutará mediante la ampliación de tres series de Letras del Tesoro Nacional, capitalizables en pesos, es decir, emitiendo deuda interna.
La transferencia ocurre en un escenario de tensión entre las administraciones provinciales y el Ejecutivo nacional debido a las deudas acumuladas por la obra social.
Este escenario acumula descontento desde, al menos, abril de este año, cuando los mandatarios, incluso de algunas provincias con cierta cercanía al Gobierno, como Córdoba, demandaron públicamente medidas por la falta de pago de algunas prestaciones básicas.
“Jamás vamos a dejar a un abuelo sin atender porque la Nación no nos paga”, expresó en ese entonces, a modo de crítica, Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, y recordó que el PAMI le debe a la provincia $50.000 millones. Por otro lado, Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, manifestó: “No se escondan más, pongan la cara y los recursos”.
Otros mandatarios también señalaron que los sistemas hospitalarios públicos absorben la demanda de los afiliados que se quedan sin cobertura privada por ajustar las cuentas familiares de acuerdo a la situación económica nacional.
Los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación revelaron que las partidas asignadas registraron una contracción real interanual del 41,3% durante el primer trimestre del año.
El primer tramo corresponde al 33% del total y se integrará con instrumentos con vencimiento al 31 de julio de 2026. Otro 33% se completará con letras que vencen el 31 de agosto de 2026 y el 34% restante se cubrirá con títulos con vencimiento el 30 de septiembre de 2026.
Tal como lo indica la resolución, la medida entró en vigor desde el día de su publicación. La Oficina Nacional de Crédito Público y las áreas técnicas autorizadas son las encargadas de suscribir la documentación necesaria para implementar las operaciones.
