El Tribunal Oral Federal 8 condenó este jueves a dos exfuncionarios de la Cámara de Casación Federal, el máximo tribunal penal del país, por formar parte de una maniobra que intentó garantizar la impunidad del sindicalista José Luis Pedraza en la investigación por el asesinato del sindicalista y militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.
El exjuez federal de primera instancia y exsecretario de la Casación Octavio Luis Aráoz de Lamadrid fue encontrado culpable del delito de tráfico de influencias agravado y condenado a cinco años de prisión por buscar influir en aquel proceso judicial, valiéndose de su paso como secretario del excamarista Eduardo Rafael Riggi.
Luis Ameghino Escobar, en tanto, un exfuncionario a cargo de los sorteos de la Casación, fue condenado a tres años de prisión condicional por ser partícipe necesario del mismo delito.
El fallo fue dado a conocer hoy en la última audiencia del juicio oral. Fue firmado por el juez Nicolás Toselli y las magistradas María Gabriela López Iñíguez y Sabrina Namer. Los fundamentos se conocerán el 5 de agosto.
Las condenas estuvieron parcialmente alineadas con las que solicitó el fiscal del juicio, Marcelo Colombo. Según la acusación fiscal, Aráoz de Lamadrid y Escobar habrían vendido la posibilidad de injerir en el expediente que revisaba en la Casación el procesamiento de José Luis Pedraza, el extitular de la Unión Ferroviaria que fue luego condenado a 15 años de prisión por el asesinato de Ferreyra, ocurrido en octubre de 2010.
El tribunal también sostuvo que la conducta de un tercer involucrado en la trama, Ángel Stafforini, directivo de Belgrano Cargas, era constitutiva de cohecho activo, es decir, del pago de coimas, pero declaró la prescripción del delito y no fue condenado.
La cuarta imputada, Susana Rita Planas, también directiva de Belgrano Cargas, fue absuelta; y un quinto imputado, el espía de la SIDE Juan José Riquelme, que se jactaba de tener contactos en todos los niveles de la Justicia y respondía en los hechos a Pedraza, falleció durante el proceso.
En esta causa se revisó la puesta en marcha de un plan para garantizar la impunidad del sindicalista Pedraza. La Justicia activó escuchas telefónicas, allanamientos y otras medidas para recabar pruebas. Entre ellas, figura una factura de 2010 por un total de 370.000 pesos (cerca de 90.000 dólares) que Aráoz de Lamadrid emitió al Belgrano Cargas, el mismo día en que la fiscalía pidió la indagatoria de Pedraza en la causa principal.
También se incluyen fotografías e informes de inteligencia, 50.000 dólares secuestrados en la oficina de Aráoz Lamadrid y diversos mensajes entre los imputados. Algunos de ellos refieren a Escobar, el funcionario a cargo de los sorteos, como “el hombre de las teclas”.
Las defensas de los imputados sostuvieron sin embargo que no es posible vulnerar el sistema de sorteo de la Casación, que utiliza un algoritmo aleatorio imposible de manipular ni de predecir.
“Me informan del otro lado que son verdes”, señala Riquelme en uno de las comunicaciones interceptadas por la Justicia. “Me están allanando el estudio por este tema, corten todos los teléfonos”, le advertía Lamadrid a Stafforini, en otra.
Las condenas quedaron por debajo del pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que es querellante en el caso y había reclamado ocho años de prisión para Aráoz de Lamadrid y seis para Escobar.
El manifestante Ferreyra fue asesinado por un grupo de integrantes de la Unión Ferroviaria el 20 de octubre de 2010, durante una protesta de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca que reclamaban un pase a planta permanente.
