El Gobierno quiere fomentar que los argentinos saquen los dólares del colchón y los ingresen al sistema a través de la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias. Pero ante las dudas y reparos que tienen los contribuyentes -y algunos contadores también- sobre la iniciativa oficialista, desde el Ministerio de Economía tomaron nota y decidieron prorrogar el plazo para que los argentinos se inscriban al régimen, buscarán dar una mayor seguridad jurídica y revisarán los límites establecidos.
Estos puntos se debatieron en una reunión que tuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, con los principales referentes tributarios del país. El encuentro, que tuvo lugar este jueves por la mañana en el Palacio de Hacienda, los contadores le arrimaron al funcionario algunas sugerencias sobre cómo incentivar que más argentinos de adhieran al régimen de Inocencia Fiscal. También estuvo presente Andrés Vázquez, el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
“Excelente reunión con el grupo de contadores, que nos explicaron en detalle sus sugerencias con respecto a la ley de inocencia fiscal. Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo régimen. También nos comprometimos a prorrogar los vencimientos para fin de julio», expresó Caputo en su cuenta de X.
Originalmente, estaba previsto que los argentinos puedan presentar hasta mediados de junio su Declaración Jurada por el ejercicio de 2025. Pero a pocas semanas de que se venza el plazo, desde el Gobierno decidieron extenderlo un mes más, y así otorgarle un margen más amplio a los contribuyentes para hacerlo.
Hasta el momento, se registraron más de 80.000 inscriptos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada, según comunicó ARCA la semana pasada. Pero esta cifra empezó a crecer con fuerza en los últimos meses: mientras que en febrero había 5800 adhesiones, en abril se registraron más de 36.000 inscriptos. Con este nuevo plazo, la apuesta del Gobierno es que el número aumente todavía más.
Pero más allá de los almanaques, durante la reunión también se puso sobre la mesa cómo blindar aún más la normativa, una recomendación que desde Economía tomaron nota y aseguraron que trabajarán en el tema. Aunque todavía resta que se converse con los equipos legales y generó más hermetismo entre los asistentes, se buscará avanzar en una norma jurídica para que los contribuyentes se sientan más seguros a la hora de ingresar al régimen.
Al respecto, el punto en debate fue justamente la discrepancia significativa. En la normativa, esto prevé que ARCA puede impugnar la declaración jurada si hay una diferencia en Ganancias igual o superior al 15% declarado, si el ajuste supera el monto previsto en el Régimen Penal Tributario, o si se detecta el uso de facturas o documentos apócrifos, sin importar su monto.
Entre los grises, también se conversó sobre el límite de ingresos de $1000 millones y hasta $10.000 millones de patrimonio que puso la normativa para ingresar al Régimen. El objetivo es que estos máximos impuestos no entorpezcan a que más contribuyentes se adhieran a la iniciativa, por lo que se evaluará qué sucede en casos de herencias o donaciones, por ejemplo.
Por último, aunque los tributaristas le acercaron su preocupación con respecto a las multas, la discusión no prosperó.
“La reunión fue muy buena, había mucha predisposición para tomar notas de los matices de algunos detalles que generaba inseguridad jurídica y desalentaban la posibilidad de que más gente entre. Se quiere buscar que más gente ingrese al régimen y que haya más seguridad. Nosotros a nuestros clientes les aconsejamos que sin lugar a dudas ingresen, soy partidario de que es bueno para la gente el Régimen de Inocencia Fiscal”, contó César Litivn, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados.
Hubo tributaristas que participaron de manera presencial, y otros del interior lo hicieron vía web. Entre los invitados, estuvieron Litvin, Alejandro Rosenfeld, Sonia Becherman; y Ana María Kaiser, entre otros.
La expectativa del Gobierno es que más argentinos se quieran adherir al régimen, que se basa en dos beneficios clave. Por un lado, la presunción de exactitud, donde ARCA presume que la declaración jurada aceptada es correcta y suficiente. Por el otro, el efecto liberatorio, en el cual se considera cancelado el impuesto correspondiente y ARCA no podrá reabrir ni reajustar ese período, a menos que detecte una discrepancia significativa. En la práctica, esto implica una suerte de “tapón fiscal”.
“La norma tiene como objetivo central realizar una ‘reparación histórica’ del ahorro de los argentinos mediante la simplificación del sistema tributario y la protección del ahorro. Asimismo, busca abandonar la tradicional presunción de culpabilidad fiscal y busca reinsertar ahorros informales en el sistema económico formal, fomentando el consumo, la inversión y el acceso al crédito de largo plazo», dijo ARCA a finales de diciembre pasado.
