LA PAZ.– En medio de un aumento de la inquietud internacional por la ola de protestas en Bolivia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país informó el miércoles que expulsó a la embajadora de Colombia en el país con el argumento de la necesidad de “preservar principios de soberanía y la no injerencia en asuntos internos”.
El anunció tuvo lugar después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificara como una “insurrección popular” las protestas que enfrenta el gobierno de Rodrigo Paz. “Siempre estar al lado del pueblo. Bolivia se pone la frente de la lucha por la dignidad latinoamericana”, dijo en otro posteo en redes sociales.
Según la cancillería boliviana, la medida fue tomada en conformidad con el derecho internacional y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y no representa una ruptura en las relaciones diplomáticas entre ambos países. La cancillería dijo que dio a la embajadora Elizabeth García el “plazo correspondiente” para que abandone el país, sin más precisiones.
Además, el gobierno de Paz afirmó que “toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país” debe realizarse “con responsabilidad, prudencia diplomática y pleno respeto a la institucionalidad democrática y constitucional vigente”, y remarcó que las diferencias políticas y sociales en Bolivia deben resolverse “mediante mecanismos democráticos, institucionales y pacíficos, sin interferencias externas”.
En declaraciones a Caracol Radio este miércoles, Petro respondió al conocer la medida de Bolivia: “Si por proponer un diálogo sacan a la embajadora, es porque se están pasando a extremismos”.
“Bolivia, tal como está en este momento, amerita que se abra a un gran diálogo nacional (…), o la consecuencia puede ser una masacre sobre la población”, agregó el mandatario colombiano.
Las tensiones siguen aumentando en Bolivia debido a las violentas protestas contra el gobierno de Paz, elegido el 8 de noviembre.
Al menos 127 personas fueron arrestadas el martes en una jornada marcada por saqueos, incendios provocados, ataques a edificios públicos y enfrentamientos con la policía en la capital. Según el gobierno, las manifestaciones, encabezadas por sindicatos, campesinos y simpatizantes del expresidente Evo Morales, forman parte de una estrategia de presión política destinada a desestabilizar al gobierno actual.
“No toleraremos más este tipo de abusos contra la población. Estos criminales han sobrepasado todos los límites”, declaró el comandante de la Policía Nacional, Mirko Sokol.
La preocupación internacional se ha incrementado ante la creciente inestabilidad en Bolivia, con el cierre de sucursales bancarias en La Paz y bloqueos de rutas que interrumpen los suministros, mientras sindicatos, mineros y grupos rurales exigen ayuda económica y otros piden la renuncia del presidente.
La crisis boliviana también activó a la diplomacia de la Argentina luego de que Morales denunciara que el gobierno de Javier Milei envió aviones Hércules para trasladar policías y militares que participaron en la represión de las protestas. El canciller Pablo Quirno, rechazó las acusaciones y aseguró que los vuelos solo transportaron alimentos y ayuda humanitaria para enfrentar los bloqueos de rutas que paralizan gran parte del país.
En un comunicado conjunto, la Unión Europea y las embajadas de Alemania, España, Francia, Italia y Suecia en La Paz condenaron los actos de violencia en Bolivia e instaron a la calma y al diálogo “con respeto a la democracia, el orden constitucional y las instituciones del Estado”.
En una carta abierta, 31 exjefes de Estado del grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas instaron a la Organización de los Estados Americanos a monitorear los acontecimientos en el país, argumentando que “la manipulación política de las protestas sociales, en la experiencia boliviana, busca socavar la estabilidad de las instituciones democráticas”.
La postura del gobierno de Estados Unidos es más contundente: el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, afirmó en una conferencia organizada por la Americas Society/Council of the Americas que lo que está sucediendo en Bolivia es “un golpe de Estado financiado por esta alianza perversa entre la política y el crimen organizado en toda la región”.
Por su parte, Evo Morales cuestionó la expulsión de la embajadora colombiana y acusó al gobierno de Rodrigo Paz de aplicar una “diplomacia hipócrita”.
En un mensaje publicado en X, el exmandatario sostuvo que la administración boliviana denuncia supuestas “injerencias” de Colombia, pero mantiene vínculos con Estados Unidos, Israel, la Unión Europea y gobiernos “alineados con Trump” que, según afirmó, respaldan la represión de las protestas en Bolivia. Además, acusó al oficialismo de actuar con “sometimiento al imperialismo y la derecha internacional”.
Agencias ANSA, AFP y Reuters
