La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) publicó este martes una resolución a través de la cual le quitó a la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) un inmueble estatal ubicado en la avenida Córdoba 5405/11, Palermo, porque consideró que ya no lo necesita y que estaba en desuso. La gestión del expresidente Alberto Fernández le había cedido el terreno a la universidad pública para que hiciera una nueva sede que tuviera actividades audiovisuales.
El inmueble había sido asignado a la Untref en 2023 y se iba a destinar a la instalación de otra sede de esa universidad en la Ciudad. Iba a concentrarse en su totalidad en actividades audiovisuales y además contemplaba la construcción de un edificio con aulas, sala de proyección, talleres e islas de edición, oficinas administrativas y depósitos.
Según la Resolución 78/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la propia universidad informó en abril que el edificio era “prescindible” para su gestión. Además, los informes oficiales describieron que estaba desocupado, con sectores abandonados, sin techo y con malezas, aunque con seguridad en el lugar.
De esta manera, la Untref deja de tener asignado ese edificio de Córdoba y Avenida Juan B. Justo, y el mismo vuelve al circuito de AABE para definirle un nuevo destino.
Mientras tanto, la casa de estudios debe seguir custodiándolo hasta que se determine su destino definitivo.
Una de las alternativas para ese lugar podría ser la venta, ya que la zona, el límite entre Palermo y Villa Crespo, se encuentra en pleno auge inmobiliario. El terreno desafectado suma más de 1150 m² en una zona donde el valor del metro cuadrado residencial ronda entre US$2700 y US$3400, según relevamientos privados del mercado inmobiliario.
La transformación de la zona es notoria. Los cambios empezaron antes de la pandemia con el desmonte del Puente de la Reconquista, la generación de espacios verdes y la construcción del viaducto en altura del tren San Martín.
Además, el gobierno de Javier Milei mantiene una política de racionalizar y vender activos inmobiliarios estatales considerados ociosos o innecesarios, bajo la premisa de mejorar el aprovechamiento del espacio público.
