La crisis desatada tras la convocatoria de acreedores de Bodega Norton dejó en una situación crítica a la vitivinícola Cooperativa San Carlos Sud Ltda, de Mendoza, que advirtió haber quedado atrapada en una operatoria diseñada para financiar compras de vino de grandes empresas mediante el uso de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), un mecanismo que —según sostuvieron— terminó perjudicando a pequeños productores y cooperativas del Valle de Uco.
La cooperativa, presidida por Claudio Giusti, hoy enfrenta reclamos por alrededor de $875 millones, quedó categorizada en situación 3 ante el Banco Central y perdió acceso al financiamiento necesario para sostener su actividad y asistir a sus productores asociados. En ese escenario, la Sociedad Rural del Valle de Uco, la Confederación de Asociaciones Rurales de Mendoza y Confederaciones Rurales Argentinas expresaron su preocupación.
La operación comenzó en 2024, cuando la cooperativa concretó la venta de aproximadamente 412.500 litros de vino a Norton, una de las bodegas más importantes del país. La transacción se realizó bajo una modalidad denominada “cadena de valor”, que involucró a Acindar Pymes, una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) que actuó como garante financiero de la operatoria.
Según explicó Giusti, el esquema consistía en que la cooperativa no cobraba directamente la venta del vino, sino que debía tomar un crédito bancario avalado por Acindar Pymes. Luego, la cooperativa cedía la factura de venta a la SGR, que quedaba habilitada para reclamar el cobro a Norton. “La forma que tenías de cobrar el vino era sacar un crédito para vender. Ahí es donde nosotros decimos que se desvirtúa el espíritu de las SGR”, sostuvo Giusti.
Las SGR son entidades creadas para facilitar el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas mediante avales financieros. Sin embargo, desde la cooperativa aseguraron que el mecanismo terminó funcionando para financiar a una gran empresa compradora. “Las SGR están para proteger a las pymes o avalar su crecimiento. En este caso, la operación estaba armada para financiar a Norton”, afirmó.
El presidente de la cooperativa sostuvo que ya habían solicitado anteriormente un aval a Acindar Pymes para un crédito de cosecha y acarreo por unos $26 millones, pero que la solicitud había sido rechazada por no cumplir con la calificación necesaria. Sin embargo, un año después, la misma entidad avaló una operación por alrededor de $500 millones vinculada a Norton. “Ahí entendimos que el crédito no se avalaba por la cooperativa, sino porque estaba Norton detrás”, señaló.
El conflicto estalló cuando Norton se presentó en convocatoria de acreedores el año pasado. Según la cooperativa, pese a que el contrato establecía que el crédito debía descontarse de la cuenta de la bodega compradora y que la cesión de factura liberaba de responsabilidad a San Carlos Sud, Acindar Pymes comenzó a reclamarle el pago a la cooperativa. Es así que con intereses acumulados —la financiación tenía una tasa anual cercana al 45%— la deuda escaló hasta unos $875 millones.
Ante una consulta de LA NACION, en Acindar Pymes dijeron que las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) funcionan como entidades que avalan financieramente a las pymes para facilitar su acceso al crédito. En caso de incumplimiento de pago por parte de la empresa avalada, la SGR asume esa obligación frente a la entidad financiera y luego inicia un proceso de recupero, que suele demandar tiempo. No obstante, aclararon que, sobre el caso puntual vinculado a la Cooperativa San Carlos Sud y Bodega Norton, no contaban con información específica.
Esta situación derivó en la inclusión de la cooperativa en categorías 2 y ahora 3 ante el sistema financiero del Banco Central, lo que “bloqueó el acceso a nuevos créditos”. El impacto, aseguran, golpeó directamente sobre unos 60 productores vinculados a la entidad.
“La cooperativa tiene más de 60 años y nunca tuvo un cheque rechazado. Ahora quedamos sin financiamiento y este año estuvimos a punto de dejar fruta en el viñedo porque no pudimos conseguir crédito para cosecha y acarreo”, explicó Giusti.
La cooperativa cumple una función clave para productores pequeños que no acceden al sistema bancario por problemas sucesorios o falta de calificación crediticia. Habitualmente, la cooperativa toma financiamiento y luego lo traslada a los productores asociados. “Nosotros necesitamos crédito para elaborar, no para vender. ¿Cómo le explicás a un productor que para vender vino tiene que sacar un crédito?”, cuestionó el dirigente.
Giusti agregó que antes de la presentación judicial mantuvieron reuniones con directivos de Norton, quienes les habrían asegurado que la deuda sería afrontada por la bodega y que la cooperativa quedaría “fuera del problema”.
Incluso, afirmó que posteriormente se emitieron cheques por casi $1000 millones —incluyendo capital e intereses—. Esos cheques fueron endosados por la Cooperativa San Carlos Sud Ltda y contaron con los avales de Acindar Pymes. Luego fueron descontados en una sociedad de bolsa, lo que permitió obtener fondos para cancelar el crédito asociado a la operación original. Según la cooperativa, esos cheques habrían sido emitidos apenas días antes de que Norton se presentara en concurso preventivo, pese a que —afirmaron— la empresa ya tenía decidido avanzar con esa presentación judicial. Por ende, esos cheques fueron rechazados por estar en el concurso.
En paralelo, el caso llegó a la Secretaría de Pymes de la Nación. Según Giusti, funcionarios nacionales les manifestaron preocupación por el funcionamiento de este tipo de operatorias y “prometieron investigar si las SGR están siendo utilizadas para financiar grandes compañías en lugar de asistir a pequeñas y medianas empresas, que es el objetivo previsto por la ley”.
En la cooperativa aseguran que el mayor temor es el impacto sobre productores que dependen de la actividad para sostener sus fincas y su trabajo cotidiano. “Lo más grave es que terminan perjudicados los más chicos”, resumió Giusti.
Fuentes cercanas a Bodega Norton señalaron que la situación de la Cooperativa San Carlos Sud constituye “uno más de los casos comprendidos dentro del concurso preventivo” de la empresa. Indicaron que será la Justicia la que deberá determinar el tratamiento de cada acreencia dentro del proceso concursal y remarcaron que actualmente existen alrededor de 500 acreedores involucrados.
Aclararon que todos los afectados deben ajustarse a los plazos y mecanismos previstos por el concurso, cuyo vencimiento para la presentación y verificación de créditos opera el 22 de junio. Además, afirmaron que los actores vinculados comercialmente con la bodega “no eran ajenos a la situación de Norton” y que incluso hubo bodegas que pusieron producción a disposición. Sobre los cheques rechazados mencionados por la cooperativa, aseguraron que “no hay nada irregular”, al atribuir esos rechazos al propio contexto del concurso preventivo.
