LA PAZ (AFP).- Este lunes, Bolivia atravesó otra jornada de protestas y bloqueos de calles y rutas en diferentes localidades, pero sobre todo en la ciudad de La Paz, a raíz de los reclamos económicos y sectoriales que piden por la dimisión de Rodrigo Paz. En medio de los disturbios, la Justicia ordenó la detención de uno de los líderes de las movilizaciones y el vicepresidente, Edmand Lara, le envió una carta abierta al presidente.
Los reclamos, que ya llevan tres semanas, son comandados por partidarios del expresidente Evo Morales que marcharon también este lunes, intensificando los disturbios que bloquearon rutas y provocaron escasez de alimentos, combustible y suministros médicos en todo el país. En este sentido, YPFB afirmó que los bloqueos en su planta de Senkata y en varias otras carreteras provocaron la suspensión de los envíos de petróleo a las zonas afectadas.
Se trató de otra jornada en la que se registraron violentos enfrentamientos entre la policía y miles de manifestantes que exigieron la renuncia de Paz. Armados de petardos, piedras, palos y dinamita, los manifestantes intentaron romper un cerco policial para ingresar a las sedes del gobierno y del Poder Legislativo, los cuales debieron ser evacuados.
El Ministerio de Gobierno difundió imágenes de al menos dos policías golpeados, uno de ellos en la cabeza con un objeto contundente, mientras que los medios mostraron a un manifestante herido. También se reportaron varios periodistas afectados por los gases y golpes durante las protestas.
Algunos movilizados saquearon un centro comercial y un juzgado, e incendiaron un mobiliario y objetos que extrajeron para instalar barricadas de fuego y contrarrestar el gas lacrimógeno que empleó la policía para dispersarlos. Además, varios ciudadanos denunciaron agresiones de algunos manifestantes enardecidos.
A raíz de los incidentes de este lunes, el vicepresidente Edmand Lara emitió una carta abierta al presidente en la que convocó a un diálogo nacional “serio, amplio y sin condiciones” y advirtió que las detenciones “no pacifican, sino que incrementan la tensión y la incertidumbre”.
“No voy a ser cómplice del silencio. Bolivia necesita abrir caminos de entendimiento y no utilizar la justicia como un mecanismo de presión contra quienes se movilizan”, marcó.
El fiscal Roger Mariaca informó que de momento hay 90 detenidos y que sobre el principal dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, pesa una orden de detención. Sin embargo, no hubo un balance inmediato de heridos.
Según el gobierno, cuatro personas murieron desde el inicio de las protestas por no recibir atención médica a causa de los cortes de ruta que mantienen cercada a La Paz.
“El gobierno debe escuchar y trabajar con los sindicatos y organizaciones sociales”, dijo el dirigente campesino Javier Santalla mientras resguardaba un punto de bloqueo en el sur de La Paz.
Paz no tiene un partido propio ni mayoría en el Congreso. Su arribo al poder, en noviembre, supuso el fin de dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo que dejaron, según dijo, “un país quebrado”.
El presidente privilegió el diálogo y la negociación con los movilizados. Cerró acuerdos con varios de ellos y ha ordenado que la policía y los militares actúen como fuerzas disuasivas, sin armamento, según dijo el gobierno. Sin embargo, con los seguidores de Morales el Ejecutivo ha rechazado negociar.
Paz sumó el respaldo de Estados Unidos y de varios países latinoamericanos y rechazó las declaraciones públicas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, acerca de que en Bolivia hay una “insurrección popular”.
Con información de AFP y AP
