MADRID.– El socialista José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió este martes en el primer expresidente del gobierno español de la democracia en quedar imputado, después de que la Audiencia Nacional anunciara que lo investiga por presuntas irregularidades en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, una compañía cuestionada por sus vínculos con capitales venezolanos.
Zapatero, que gobernó España entre 2004 y 2011, quedó bajo investigación por supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
La Audiencia Nacional —tribunal con sede en Madrid encargado de las causas de mayor complejidad— citó al exmandatario a declarar el próximo 2 de junio ante el juez José Luis Calama. Además, el magistrado ordenó este martes registros en la oficina de Zapatero en Madrid y en otras tres empresas, entre ellas la agencia de comunicación y marketing Whathefav S.L., administrada por sus hijas Laura y Alba Rodríguez Zapatero, según informaron medios españoles.
El caso gira en torno al rescate estatal de Plus Ultra, que recibió en marzo de 2021 un préstamo de 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares al cambio actual) en plena pandemia de coronavirus.
La operación generó polémica desde el comienzo. En ese momento, la aerolínea tenía una presencia limitada en el mercado. Operaba apenas cuatro aviones Airbus A340 y cubría rutas hacia Venezuela, Ecuador y Perú. Aun así, el gobierno de Pedro Sánchez autorizó que la compañía accediera al fondo extraordinario de 10.000 millones de euros destinado a salvar empresas consideradas “estratégicas” por el impacto de la pandemia.
La oposición cuestionó durante años que Plus Ultra pudiera encuadrar dentro de esa categoría y puso el foco en sus conexiones con empresarios venezolanos cercanos al chavismo.
Según el diario español El País, la investigación judicial se centra ahora en una consultora vinculada a un allegado de Zapatero que habría actuado como intermediaria financiera para canalizar supuestas comisiones irregulares relacionadas con el rescate.
La investigación también alcanzó a Whathefav, la agencia de marketing y comunicación creada por las hijas de Zapatero en 2019. Según el juez José Luis Calama, la empresa habría recibido cerca de 240.000 euros de la consultora Análisis Relevante —epicentro de la causa— dentro de un supuesto esquema de contratos de asesoría utilizados para justificar movimientos de dinero bajo sospecha. El expresidente admitió haber trabajado como consultor para esa firma, aunque negó haber cobrado comisiones ligadas al rescate de Plus Ultra y aseguró que sus hijas sólo participaban en tareas de maquetación y presentación de informes. La Justicia también puso el foco en el crecimiento económico de Whathefav tras el salvataje estatal a la aerolínea.
El caso vuelve además a poner bajo presión al gobierno socialista por sus vínculos con dirigentes venezolanos. Uno de los episodios más controvertidos ocurrió en enero de 2020, cuando el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, mantuvo un encuentro en el aeropuerto de Madrid con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, pese a que la dirigente chavista tenía prohibido ingresar a territorio de la Unión Europea (UE) por las sanciones impuestas contra el régimen de Nicolás Maduro.
Ábalos, exmano derecha de Pedro Sánchez, permanece actualmente detenido en otra investigación vinculada a presuntas irregularidades en contratos de compra de barbijos durante la pandemia.
En este contexto, Sánchez pidió este martes a los miembros del PSOE defender el “buen nombre” de Zapatero y reconoció los “momentos duros” que atraviesa el partido por la imputación del expresidente del Gobierno.
En un mensaje dirigido a los miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE, al que ha tenido acceso EFE, Sánchez insistió en que “con todo, hoy más que nunca” los socialistas deben reafirmarse en su tarea “de seguir luchando por hacer avanzar” el país.
La imputación de Zapatero provocó una inmediata reacción del opositor Partido Popular (PP), que aprovechó el caso para redoblar sus ataques contra Sánchez.
“Zapatero es la musa del sanchismo y esa musa está imputada por la Audiencia Nacional”, señaló el PP en un comunicado difundido a la prensa. “El principio que vincula a los dos últimos gobiernos socialistas en España es la corrupción”, añadió.
La decisión judicial llega además en un momento delicado para el oficialismo español, apenas dos días después de una nueva derrota electoral del PSOE en Andalucía, la región más poblada del país, donde la derecha volvió a imponerse aunque sin conservar la mayoría absoluta.
En paralelo, distintos integrantes del entorno político y familiar de Sánchez afrontan investigaciones judiciales. Entre ellos figuran su hermano David Sánchez, que irá próximamente a juicio por tráfico de influencias, y su esposa, Begoña Gómez, también investigada por presuntas irregularidades.
Hasta ahora, ningún presidente o expresidente del gobierno español había sido formalmente imputado desde el retorno de la democracia tras la dictadura franquista. Sin embargo, varios exjefes del Ejecutivo —entre ellos Felipe González, Mariano Rajoy y José María Aznar— sí habían comparecido ante la Justicia como testigos en distintas investigaciones.
Tras conocerse la decisión judicial, Zapatero difundió un video en el que confirmó su imputación y negó cualquier intervención en el rescate de Plus Ultra.
“Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”, afirmó el exmandatario socialista.
Y agregó: “Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni ante el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra ni respecto de ningún otro expediente”.
Agencias AP y AFP
