La decisión del Gobierno de avanzar este invierno con un esquema más abierto para la importación y comercialización de gas natural licuado (GNL) sumó en las últimas horas un nuevo foco de tensión. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), que agrupa a buena parte de las principales exportadoras del país, envió una carta a la Secretaría de Energía para cuestionar el fuerte aumento aplicado por Enarsa en el costo de regasificación del gas importado pocas horas antes de una subasta clave realizada en el Mercado Electrónico del Gas (Megsa).
El reclamo surgió después de la compulsa realizada el miércoles pasado, en la que se terminaron colocando nueve cargamentos de GNL destinados a cubrir parte de la demanda de junio. La novedad del esquema fue que el Gobierno buscó que industrias, distribuidoras y generadoras eléctricas compraran de manera anticipada el gas importado por Enarsa, en un intento por avanzar hacia un mercado con mayor participación privada.
Sin embargo, el mecanismo quedó envuelto en polémica por la decisión de Enarsa de elevar de US$3,50 a US$5,16 por millón de BTU el cargo asociado a la regasificación y logística del combustible importado. Según planteó Ciara en la nota enviada a Energía, el incremento fue comunicado apenas horas antes de la subasta, sin margen para evaluar su impacto económico ni la razonabilidad técnica de la decisión.
La entidad, presidida por Gustavo Idígoras, advirtió que el cambio alteró de manera sustancial las condiciones bajo las cuales las empresas analizaban participar de la licitación. “Lo que no puede hacer es comprometer recursos financieros significativos sobre la base de un cargo cuya composición desconoce y cuya razonabilidad no puede verificar”, señaló la cámara empresaria en la carta enviada a Energía.
El cuestionamiento no apunta únicamente al monto, sino también a la falta de previsibilidad y coordinación. El cargo aplicado por Enarsa quedó incluso por encima de la oferta que había presentado semanas atrás la española Naturgy para asumir integralmente la importación y recomercialización del GNL durante el invierno, una propuesta que finalmente fue descartada por el Gobierno por considerarla cara.
El tema ya había sido revelado la semana pasada por el portal especializado EconoJournal, que además dio cuenta del malestar interno que generó la definición de Enarsa dentro del área energética del Ministerio de Economía. Según esa reconstrucción, funcionarios de Energía se enteraron del nuevo valor prácticamente sobre el cierre de la subasta.
La discusión se produce además en un contexto internacional delicado. La escalada del conflicto en Medio Oriente elevó la volatilidad de los precios internacionales del GNL y obligó al Gobierno a diseñar mecanismos para evitar que ese impacto se traslade de manera inmediata a las tarifas residenciales.
Economía ya definió que parte del mayor costo del gas importado será financiado transitoriamente por el Tesoro y luego recuperado en cuotas a partir del verano mediante el esquema de Diferencias Diarias Acumuladas (DDA). En la práctica, el sistema busca evitar saltos bruscos en las facturas de hogares, hospitales y escuelas durante los meses de mayor consumo.
Más allá de la controversia, la subasta dejó una fuerte participación privada. Grandes industrias —entre ellas siderúrgicas, aceiteras, petroquímicas y refinerías— compraron parte de los volúmenes ofrecidos, mientras que generadoras eléctricas como Pampa Energía, Central Puerto e YPF Luz también participaron activamente para asegurar abastecimiento para sus centrales térmicas.
Trafigura, una de las principales traders globales de commodities, terminó adquiriendo el equivalente a cinco cargamentos de GNL que habían quedado remanentes tras las primeras rondas de la subasta. La operación fue seguida de cerca dentro del mercado porque modificó el esquema que originalmente preveía una mayor participación de Cammesa en la absorción de esos volúmenes para generación eléctrica.
El episodio dejó además inquietud entre grandes consumidores industriales, que advierten que cambios de costos sobre la marcha complican la planificación de abastecimiento y pueden afectar márgenes en plena temporada alta de exportaciones. En el Gobierno sostienen que el objetivo es avanzar hacia un esquema con mayor participación privada en la compra y comercialización de gas importado. Sin embargo, reconocen también que la transición genera tensiones, superposiciones regulatorias y problemas de coordinación en un sector que durante décadas funcionó bajo fuerte intervención estatal.
