TARIJA, Bolivia.– La instalación del juicio contra el expresidente Evo Morales por presunta trata de una menor se suspendió este lunes en Bolivia, luego de que el exlíder campesino no se presentara ante el tribunal que lo citó.
La Fiscalía lo acusa de sostener una relación con una adolescente de 15 años con la que tuvo una hija. Los padres de la presunta víctima, según el expediente, habrían consentido los hechos a cambio de beneficios.
Morales, sobre quien pesa una orden de captura por este caso, está en la zona cocalera del Chapare, su bastión político, a resguardo de miles de campesinos que montan guardias para evitar una incursión policial.
En enero de 2025, luego de que no se presentara a una citación de la justicia cuando aún era investigado, el juez Nelson Rocabado lo declaró en “rebeldía”, confiscó sus bienes, emitió una orden de arresto y le ordenó permanecer en el país.
Esta condición puede impedir que un proceso empiece hasta que el acusado comparezca, salvo en casos de corrupción, advirtió el viernes el juez Luis Ortiz Flores, máxima autoridad judicial de Tarija.
“En ese caso ya le corresponde analizar al tribunal (a cargo de la audiencia) esa situación”, dijo el magistrado a la prensa.
El equipo de abogados del expresidente esgrime el mismo argumento. “La Convención Interamericana (de Derechos Humanos) exige la presencia del sujeto para ser oído (…), estar ante sus jueces y presentar medios de defensa“, dijo a la AFP el viernes Wilfredo Chávez, abogado de Morales.
Chávez adelantó que no acudirían ni Morales ni sus defensores porque no habían “sido notificados”. Según él, el juzgado no envió la citación al domicilio de Morales, sino que lo convocó a través de un edicto, una publicación oficial en medios escritos.
La defensa del exmandatario de izquierda (2006-2019) rechaza los cargos. Asegura que se le abrió una investigación por el mismo caso en 2019, que se archivó un año después. Entonces fue investigado por estupro, un delito que implica tener acceso carnal con una menor de entre 14 y 18 años.
El caso fue reactivado en 2024, esta vez bajo la figura penal de trata de personas agravada.
El viernes, Chávez calificó el juicio de “ilegal” y argumentó que el caso fue reabierto por segunda vez “violando el principio de prohibición de doble enjuiciamiento”.
Por su parte, el abogado Nelson Cox, también parte del equipo legal de Morales, dijo a medios locales que el caso se basa en una “acusación fraudulenta” con fines mediáticos.
En simultáneo, Morales anunció una nueva movilización de sus seguidores contra el gobierno del actual presidente boliviano, Rodrigo Paz.
La protesta consistirá en una marcha de seis días que empezará el martes en la localidad de Caracollo, en la sierra, a unos 190 kilómetros de la capital.
El objetivo es exigir que el gobierno abandone las políticas que el expresidente calificó de “neoliberales y privatizadoras”.
La iniciativa, denominada “Marcha por la Vida para Salvar Bolivia”, fue organizada por Evo Pueblo, la organización política liderada por el exlíder de los cultivadores de coca de la región del Chapare, en Cochabamba, y se espera que llegue a la sede del gobierno el 18 de mayo.
Morales hizo el anuncio durante su programa dominical en Radio Kawsachun Coca, emisora vinculada a los sindicatos de cultivadores de coca de la región del Chapare.
La marcha se realizará en coordinación con la Confederación Unificada de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Central de Trabajadores Bolivianos (COB) y los sindicatos docentes.
Agencias AFP y ANSA
