En San Juan, donde el sol pega fuerte y los discursos sobre producción brillan más que la cordillera, todavía hay trabajadores rurales que viajan como si fueran parte de la cosecha, sin asientos, sin cinturónes de seguridad, sin derechos, y muchas veces sin regresos vivos.
La muerte de un trabajador rural en un traslado ilegal no es un accidente, es un sistema que funciona exactamente como está diseñado; rápido, barato y peligrosamente indiferente. Mientras la provincia se vende como tierra de oportunidades, en los surcos la realidad es otra, camionetas cargadas de personas, controles ausentes y una precarización que ya no escandaliza, apenas se comenta.
La ley existe, hermosa, prolija, escrita con la elegancia de lo que nunca se cumple, y establece condiciones dignas de traslado, seguridad básica, humanidad mínima. Pero en la práctica, parece más un consejo que una obligación. Ahí aparece la postal repetida, trabajadores convertidos en carga, empleadores que “no sabían”, y un estado que llega siempre puntual al velorio.
Desde el sector gremial lo dicen sin rodeos: el trabajo en negro no es excepción, es regla. El transporte ilegal no es un error, es parte del mecanismo, el control es un fantasma que algunos nombran pero nadie ve. En el campo sanjuanino, el incentivo es claro, más producción, más ganancia. ¿El costo?, muchas veces lo puso el trabajador con su vida.
Mientras tanto, los discursos siguen hablando de desarrollo, inversión y futuro. Pero en el presente, en ese que se pisa con botas llenas de tierra o barro, hay gente viajando en la caja de un camión, como si el siglo XXI fuera apenas un rumor lejano, y cuando pasa lo inevitable, todos se sorprenden como si no supieran la cagada que se estaban mandando. Como si no fuera exactamente así como viene funcionando, desde siempre.
