El Gobierno avanzará con un giro de fondos a las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para aliviar la situación financiera del sector y, en paralelo, abrió la puerta a un aumento del boleto, en medio de la revisión de los costos del sistema y tras semanas de deterioro en el servicio.
La decisión llega luego de que las cámaras empresarias se declararan en estado de emergencia y advirtieran que podrían profundizar la reducción de frecuencias si no había respuestas “concretas, inmediatas y verificables” frente al aumento de costos, en particular por el impacto del gasoil. Esas medidas habían generado durante las últimas semanas largas colas en las principales estaciones de CABA y el malestar de los usuarios por los tiempos de espera en las paradas.
Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes que participaron del encuentro, la Secretaría de Transporte de la Nación prevé una transferencia de $56.000 millones, que se sumará a los pagos realizados por la provincia de Buenos Aires. En el sector estiman que la deuda total con las empresas ronda los $128.000 millones, incluyendo compromisos vinculados al atributo social.
En ese marco, la provincia acreditó $30.000 millones en la jornada, mientras que la Nación se comprometió a girar su parte. Con estos movimientos, el sistema recibió $86.000 millones entre pagos y compromisos inmediatos, aunque todavía quedan montos pendientes correspondientes a compensaciones de los primeros meses del año.
A principios de abril, el sistema registró una caída de alrededor del 20% en las frecuencias por el aumento en el precio del gasoil en el marco de los efectos de la guerra en Medio Oriente.
Es en ese marco que se pactó para este jueves una reunión encabezada por autoridades del área de infraestructura y transporte del Ministerio de Economía con las cámaras empresarias, que se extendió durante más de una hora y media. Allí se acordó sostener mesas técnicas permanentes, con al menos dos encuentros previstos para mayo, y retomar instancias de trabajo específicas con cada cámara para analizar la situación de las empresas.
La reunión fue la primera del flamante secretario de Transporte, Mariano Plencovich, tras los cambios en el área que siguieron a la renuncia de Carlos Frugoni. Según coincidieron fuentes del sector, el funcionario tiene una recepción favorable entre los empresarios del AMBA, que destacan su perfil técnico y su experiencia previa.
Uno de los puntos centrales fue la estructura de costos del transporte, afectada por el aumento del gasoil y por cambios en los patrones de movilidad. “Estamos evaluando la situación y se definirá próximamente”, señalaron fuentes de la Secretaría de Transporte ante la consulta sobre un eventual ajuste tarifario. Desde el organismo evitaron dar precisiones sobre plazos o porcentajes, aunque confirmaron que la revisión está en curso.
En el sector interpretan que esa revisión será determinante: si el Gobierno no amplía el nivel de subsidios, la actualización del boleto aparece como la principal variable de ajuste para sostener el sistema, en un contexto de restricciones fiscales.
Las empresas, por su parte, se comprometieron a normalizar las frecuencias en el corto plazo tras la regularización parcial de pagos. Sin embargo, advirtieron que la situación sigue siendo “crítica” por la brecha entre ingresos y costos y reclamaron definiciones sobre cómo se reconocerán los mayores gastos operativos.
La discusión tarifaria se da, además, en un esquema fragmentado dentro del AMBA. Las líneas que dependen de la Ciudad (circulan sólo en CABA) y la provincia de Buenos Aires (circulan solo en el Conurbano, de número 200 en adelante) ya cuentan con una fórmula de actualización mensual atada a la inflación más dos puntos porcentuales, lo que anticipa para mayo un ajuste del 5,4% en esas compañías.
En cambio, las líneas de jurisdicción nacional —más de un centenar que conectan la Ciudad con el conurbano— aún no tienen una definición oficial sobre el próximo incremento. En el sector descuentan que, de haber cambios, podrían aplicarse a mitad de mes, como en ocasiones anteriores, para moderar su impacto en el IPC que mide el Indec.
Hoy, el boleto mínimo presenta diferencias según la jurisdicción: $700 en líneas nacionales, $715 en la Ciudad y $871 en la provincia, siempre con SUBE registrada. La eventual decisión del Gobierno buscará reordenar ese esquema en función de los costos actualizados, en un sistema que combina subsidios y tarifas reguladas.
