El Gobierno formalizó el nuevo contrato de concesión de AySA, una pieza clave para avanzar con la privatización. El nuevo marco introduce cambios de fondo en la forma en que se financia y se gestiona el servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El esquema insiste en los cortes por mora de usuarios residenciales, establece multas por falta de pago y fija un sistema de tarifas orientado a cubrir costos e inversiones, en línea con el objetivo oficial de eliminar subsidios.
El texto, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por la empresa, tendrá una vigencia de 30 años, con posibilidad de una prórroga por otros 10, y reemplaza el esquema vigente desde 2010. La concesión mantiene el carácter de monopolio del servicio en el área regulada y, además, es gratuita, es decir, no prevé el pago de un canon al Estado. Esto implica que la rentabilidad del operador dependerá de los ingresos tarifarios.
“El cambio no es cosmético: es el marco jurídico que hace permanente la transformación”, señaló el presidente de AySA, Alejo Maxit. Según explicó, desde 2024 la compañía ya cubre el 100% de sus costos operativos con facturación propia, sin aportes del Tesoro.
En ese contexto, las tarifas ya venían de un proceso de fuerte recomposición. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), la boleta de agua en el AMBA acumuló un aumento del 418% desde diciembre de 2023, en línea con la reducción de subsidios y el intento de llevar el servicio a un esquema autosustentable.
En materia tarifaria, el contrato establece que durante el primer ciclo —que se extenderá hasta 2031— no habrá revisiones integrales de precios, aunque se mantienen los mecanismos de actualización periódica y la posibilidad de aplicar revisiones extraordinarias ante cambios en los costos. El esquema parte de la premisa de que los ingresos tarifarios deben cubrir costos, inversiones y una rentabilidad sobre el capital, lo que apunta a garantizar la sustentabilidad económica del servicio.
En paralelo, el Gobierno decidió moderar el ritmo de subas. Luego de un esquema con aumentos de hasta 4% mensual entre enero y abril, el nuevo tope será de hasta 3% mensual entre mayo y agosto, según informó la empresa. La medida apunta a sostener la adecuación tarifaria “de manera gradual y controlada”, acompañar la evolución de los costos y dar previsibilidad a la ejecución de obras.
Uno de los cambios más sensibles para los usuarios es el endurecimiento del régimen de cobro. El contrato habilita de manera explícita el corte del servicio por falta de pago cuando la mora supere los 60 días corridos para los usuarios residenciales y los 15 días corridos para los no residenciales, contados desde el segundo vencimiento de la factura.
Además, prevé el cobro de cargos por aviso de corte, corte, reconexión e inspecciones posteriores, y permite aplicar cortes sucesivos si la deuda no se regulariza o si se viola la suspensión del servicio.
El endurecimiento del régimen de cobro se inscribe además en un cambio previo del marco regulatorio. A través del DNU 493/2025, el Gobierno había habilitado por primera vez la posibilidad de cortar el servicio por falta de pago a usuarios residenciales, una facultad que hasta entonces estaba limitada a usuarios no residenciales y que, en el caso de los hogares, solo permitía la restricción del suministro pero no su interrupción total.
Sin embargo, esa modificación se encuentra actualmente suspendida por una medida cautelar de la Justicia Federal, que ordenó dejar sin efecto la aplicación de ese régimen para inmuebles residenciales, en especial cuando se trate de viviendas habitadas por personas en situación de vulnerabilidad, como niños, adultos mayores o personas con discapacidad.
El nuevo contrato también establece recargos -o multas- por mora. Para todos los usuarios se aplicará un recargo resarcitorio equivalente a la tasa activa del Banco Nación a 30 días, que se incrementará en un 50% para los usuarios no residenciales. Además, se sumarán recargos punitorios: del 5% para residenciales y baldíos después del primer mes de mora, y de entre 5% y 10% para no residenciales, según el plazo de atraso. También se prevén recargos adicionales si la empresa inicia gestiones de cobranza por apoderado o por vía judicial.
La formalización del contrato se realizó a través de una resolución del Ministerio de Economía y se inscribe en el proceso de reorganización del sector iniciado tras la aprobación de la Ley Bases, que declaró a AySA sujeta a privatización. El nuevo marco era una condición previa para avanzar con la venta del paquete accionario estatal, ya que fija reglas más claras sobre tarifas, inversiones y obligaciones del operador.
En ese sentido, el esquema prevé la incorporación de un operador estratégico a través de una licitación pública nacional e internacional. La intención oficial es vender el paquete mayoritario en manos del Estado —con al menos el 51% del capital— a un inversor con capacidad técnica y financiera, mientras que el remanente podría colocarse en el mercado de capitales en una etapa posterior. En paralelo, se mantendría el 10% del capital en manos de los trabajadores.
El diseño del contrato apunta justamente a reducir el riesgo regulatorio y mejorar el atractivo del activo de cara a la licitación. El esquema combina el monopolio del servicio, reglas tarifarias más claras, financiamiento de inversiones vía tarifa y menor discrecionalidad en la fijación de precios, factores que podrían incidir en la valuación de la compañía.
El nuevo modelo también redefine el financiamiento de las obras. Las inversiones necesarias para expandir y mantener la red —incluidas en planes quinquenales obligatorios— podrán ser incorporadas a la tarifa. Esto implica que una mayor cobertura o mejoras en la infraestructura tendrán impacto directo en la factura de los usuarios, en un contexto en el que el sistema presenta desafíos estructurales: cerca del 28% de la red de agua y el 50% de los sistemas cloacales se encuentran obsoletos y más del 40% del agua producida no se registra o se pierde.
El cambio llega después de un período de fuerte ajuste en la empresa. En 2024, AySA registró superávit por primera vez en más de una década y en 2025 cerró con un saldo positivo de $237.000 millones, al tiempo que redujo su deuda en un 85%. Las transferencias del Tesoro pasaron de $1,31 billones en 2023 a $37.000 millones en 2025, concentradas exclusivamente en obras. La dotación de personal, en tanto, se redujo un 22%, de 7790 empleados a 6069.
En los hechos, el nuevo contrato redefine el vínculo entre el usuario, el Estado y el servicio: el costo deja de estar socializado vía subsidios y pasa a concentrarse en la tarifa, en un esquema que busca asegurar la sostenibilidad económica de la concesión y preparar el terreno para la entrada de capital privado. El Gobierno espera sumar cerca de US$500 millones que serán destinados al pago de la deuda.
