Lo que meses atrás parecía una excepción ejecutada para cumplir con la promesa de sostener a rajatabla el superávit fiscal en cada mes, se transformó en todo un “modus operandi” oficial. El Gobierno pisa cada vez más gastos comprometidos o devoluciones de impuestos para poder seguir mostrando números positivos.
La consecuencia de esta estrategia es un crecimiento en la llamada ‘deuda flotante’ del Estado, que surge de la diferencia entre los gastos devengados por diferentes rubros (bienes o servicios) y los que fueron efectivamente pagados. Y para mostrar el número positivo en los resultados de la caja del sector público, el Gobierno apuesta a patear pagos que abultan la cifra de compromisos pendientes.
El mayor salto en lo que va del año se dio en marzo, con un incremento del 13,5% interanual si se ajustan las cifras por la estacionalidad. “Si se mira sin estacionalidad, la variación mensual fue del 28,3%”, precisó el analista Salvador Vitelli, de Romano Group, y enfatizó que ese crecimiento se dio por gastos que el Estado efectuó, pero no pagó, para adquirir bienes y servicios, o en transferencias.
Los números oficiales reflejan que marzo cerró con una deuda flotante (pasivos pendientes) por $4,04 billones ($4.044.758,20 millones), cifra que marca un salto frente a la cifra de $1,95 billones (1.950.414,50 millones) con la que había cerrado febrero.
El salto de esta deuda en marzo (de $2,1 billones) implica “la mayor suba en pesos constantes de la era Milei”, destacaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).
El Gobierno mantiene la meta de superávit fiscal como herramienta para recuperar credibilidad para que el país pueda volver a los mercados internacionales de deuda para refinanciar los altos vencimientos que se le vienen en los próximos años, pero hasta aquí no bastó para conseguir ese escenario.
En la comparación mes contra mes, sin considerar la estacionalidad, se observa que en marzo los mayores saltos se dieron en los rubros de transferencias (casi $700.000 millones) y en el segmento de bienes y servicios (casi $260.000 millones).
Como se explicó, la decisión de postergar pagos es un mecanismo recurrente que permite al Gobierno ajustar los flujos de ingresos y gastos para mostrar un saldo superavitario en su caja cada mes. Y si bien la cifra de la deuda flotante de la administración central considera a un universo más amplio que el segmento sobre el que se analizan las cuentas públicas (el sector público no financiero), su crecimiento es, según los analistas, una variable que refleja la tensión que enfrenta el Tesoro por las cuentas fiscales.
“No se puede afirmar que exista un déficit ajustado, ya que no se conoce la deuda flotante del resto de las partes del sector público nacional no financiero, aunque sí podría ser un proxy de un potencial achicamiento del superávit primario base caja. Por ende, el ancla fiscal vuelve a quedar bajo la lupa. Con ingresos más castigados y parte del ajuste apoyado en gastos postergados, la discusión pasa de la foto al flujo y a la sostenibilidad hacia adelante“, plantearon desde PPI.
En marzo pasado, el ministro Luis Caputo anunció que cerró otro mes con superávit, al obtener un resultado fiscal primario de $930.284 millones (antes del pago de deuda). Según sus estimaciones oficiales, esa cifra equivale a aproximadamente 0,5% del PBI.
Con esos números, Economía ratificó que hubo superávit en los tres primeros meses de 2026, con un resultado fiscal primario positivo en las cuentas del sector público nacional de 0,3% del PBI en enero y 0,4% del PBI en febrero. En su comunicado, el Ministerio de Economía insistió en que el superávit “reafirma el ancla fiscal del programa”.
Pero en el mes hubo algunos rubros extraordinarios, como el ingreso “de capital” equivalente a $1.043.879 millones, producto de la privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue, que implicó un ingreso de más de US$700 millones para el Tesoro.
Al mismo tiempo, la recaudación general registró en marzo su octavo mes consecutivo de caída real, con una baja informada por ARCA del 4,5% interanual. En esa dinámica impactaron el estancamiento del nivel de actividad, la caída de las importaciones (menos recaudación por este rubro) y la baja en las alícuotas por retenciones (soja, trigo y maíz), que implicaron una reducción en la recaudación por derechos de exportación.
“El 74% del superávit primario (incluyendo ingresos por privatizaciones) se explica por el stock de deuda flotante (en enero era 51% y en febrero, 43%)“, hizo notar en su informe diario la consultora Aurum Valores.
De acuerdo con el análisis de ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto), la deuda flotante acumulada en el primer trimestre equivale al 9,7% del total devengado en ese lapso, “por encima del 7,5% observado en igual período de 2025″. Y, dentro de ese monto, los principales rubros afectados son los gastos de capital (con deudas equivalentes al 41,8% devengado), las partidas de bienes y servicios (29,8%) y las remuneraciones (11,3%). Según analistas, se incluyen rubros como el pago de energía o giros a fondos como el de transporte, que canaliza los subsidios para empresas prestadoras.
LA NACION consultó al Ministerio de Economía sobre las cifras de deuda flotante, pero no hubo respuesta al momento de publicación de esta nota.
