El régimen militar de Myanmar prohibió la distribución de toallitas femeninas y otros productos sanitarios, alegando que estos son utilizados por los combatientes de la resistencia para tratar heridas, según denuncian activistas locales, citados por The Guardian.
El país del sudeste asiático vive una guerra civil desde el golpe de Estado de 2021, cuando los militares derrocaron al gobierno democrático electo e iniciaron una represión violenta contra los disidentes. Desde entonces, los bombardeos de artillería, la quema de aldeas y las detenciones arbitrarias se han vuelto habituales en varias regiones.
Thinzar Shunlei Yi, directora de Sisters2Sisters —una organización colectiva de derechos de las mujeres que apoya a las combatientes—, explicó que el ejército acusa a las toallitas de servir para fines médicos y como material de absorción para los pies y botas de los miembros de las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF), para absorber sudor y sangre.
Aunque no existe una comunicación oficial del gobierno militar sobre esta medida, el bloqueo se considera parte de la estrategia conocida como “cuatro cortes” (four cuts), que busca privar a los insurgentes de suministros básicos. La restricción comenzó en agosto en zonas controladas por la oposición y se ha intensificado este año. Por ejemplo, está totalmente prohibido transportar estos productos a través del puente que une Sagaing con Mandalay, la segunda ciudad más grande del país.
Según Thinzar Shunlei Yi, la prohibición es más extensa de lo que muchos imaginan, en parte debido al fuerte tabú cultural que rodea la menstruación, lo que dificulta hablar abiertamente del tema.
Expertos en medicina de combate, como Meredith Bunn, fundadora de la organización de ayuda médica Skills for Humanity (SFH), han descartado que las toallas sanitarias sean útiles para tratar heridas de bala o laceraciones. “No se mantienen en su lugar, no absorben suficiente sangre y no mantienen la zona limpia”, señaló, y atribuyó la medida a “una falta total de conocimiento y a actitudes misóginas dentro del ejército”.
Henriette Ceyrac, quien fundó la organización educativa Pan Ka Lay sobre educación menstrual antes de que tuviera que cerrar, advirtió que las mujeres se ven obligadas a recurrir a alternativas inseguras como trapos, hojas o periódicos. Esto aumenta el riesgo de infecciones urinarias, infecciones del tracto reproductivo, molestias y dolor intenso.
En el mercado negro, los precios se han triplicado: un paquete que antes costaba alrededor de 3000 kyat (aproximadamente 1,43 dólares) ahora alcanza los 9000 kyat (4,29), mientras que el salario mínimo diario en Myanmar es de 7800 kyat (3,71). En un contexto donde el sistema de salud se ha derrumbado, las organizaciones como Sisters2Sisters reciben constantes pedidos de antibióticos para tratar infecciones. Muchas mujeres optan por quedarse en casa durante su período, lo que reduce su participación en actividades políticas o comunitarias.
Ceyrac considera que esta restricción busca limitar aún más la movilidad de las mujeres y constituye una forma de violencia de género. Bunn coincide en que se trata de una táctica deliberada del ejército para afectar a las combatientes femeninas, controlar a la población civil y perjudicar a las personas en campamentos de desplazados internos. Desde 2021, más de 3,5 millones de personas han sido forzadas a refugiarse en campamentos temporales.
Grupos locales intentan distribuir toallas reutilizables, pero la falta de agua limpia para lavarlas también genera problemas de salud, como irritaciones e infecciones. Los productos alternativos como copas menstruales o tampones son poco comunes en Myanmar, donde la menstruación se considera un tema vergonzoso y se desalienta que las mujeres busquen información al respecto.
Activistas de organizaciones como Sisters2Sisters han alertado a la ONU sobre la situación, calificando la prohibición de un bien básico como “una violación de los derechos humanos”.
Esta medida se enmarca en un conflicto prolongado que ha agravado la vulnerabilidad de las mujeres y niñas, tanto en zonas de combate como en campamentos de desplazados, donde el acceso a higiene menstrual ya era limitado antes de la expansión del bloqueo. Organizaciones internacionales como Unicef han realizado distribuciones de productos en el pasado (por ejemplo, en campamentos como Tar Ga Ya), pero las restricciones actuales complican enormemente estos esfuerzos.
