WASHINGTON.– Estados Unidos anunció este jueves un endurecimiento de su política de visados para América Latina y el Caribe, que afecta en un primer momento a 26 personas, sin detallar nombres ni nacionalidades.
En un comunicado de prensa, el Departamento de Estado dijo que el gobierno “negará a las potencias adversarias la capacidad de poseer o controlar activos vitales o de amenazar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos en nuestra región”, expandiendo de manera significativa su política de restricción de visas.
Esta política ampliada “nos permite restringir las visas estadounidenses de nacionales de países de nuestra región que (…) financien, proporcionen apoyo significativo o lleven a cabo actividades que sean adversas a los intereses de Estados Unidos en nuestro hemisferio y que los socaven», añadió el texto.
Las actividades incluyen, entre otras: permitir que potencias adversarias adquieran o controlen activos clave y recursos estratégicos en el hemisferio; desestabilizar los esfuerzos de seguridad regional; socavar los intereses económicos estadounidenses; y realizar operaciones de influencia diseñadas para socavar la soberanía y la estabilidad de las naciones de la región.
“Hemos tomado medidas para imponer restricciones de visa a 26 personas en todo nuestro hemisferio que han participado en estas actividades», añadió. Y dijo que la administración Trump “utilizará todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional”.
El gobierno de Donald Trump ha utilizado varias veces la prerrogativa de dar o retirar visados.
El caso más sonado fue el del presidente colombiano Gustavo Petro, tras su presencia en una manifestación en las calles de Nueva York en septiembre al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas. La manifestación era en contra de la guerra de Gaza, y Petro posó junto a una bandera palestina, en abierto desafío al gobierno israelí y al de Trump, su estrecho aliado.
Petro se encontraba entonces en un largo duelo contra Trump, que había comenzado a principios de año cuando el mandatario socialista rechazó la llegada de aviones con migrantes deportados de Estados Unidos, una política que Trump estaba implementando con varios países.
En plena pugna verbal entre Trump y Petro, el Departamento de Estado le retiró al mes siguiente su visado y anunció además sanciones contra él y miembros de su familia, por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Esas sanciones fueron retiradas luego, como parte del proceso de normalización de las relaciones entre ambos presidentes que desembocó en una invitación a Petro a la Casa Blanca, donde todo volvió a fojas cero.
Si bien en el caso del presidente colombiano el gobierno estadounidense brindó informaciones públicas, el Departamento de Estado destacó que no está obligado a dar nombres, por motivos de confidencialidad.
Otro caso que hizo ruido fue el anuncio en febrero pasado de la revocación de los visados de tres funcionarios chilenos no identificados por autorizar o financiar “actividades que comprometieron la infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional”, una acusación que Chile negó categóricamente.
El Departamento de Estado no ofreció más detalles sobre los involucrados, pero criticó en su comunicado al gobierno del entonces presidente, el socialista Gabriel Boric.
“El legado del gobierno de Boric quedará aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional en detrimento último del pueblo chileno», advirtió el texto firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.
“Seguimos promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos chilenos que deliberadamente trabajan para desestabilizar nuestro hemisferio», insistió.
El comunicado añadió que Estados Unidos esperaba avanzar en las prioridades compartidas, incluidas aquellas que fortalecerían la seguridad en el hemisferio, con el gobierno del conservador José Antonio Kast, quien había ganado las elecciones y asumió tres semanas después.
Agencia AFP y Reuters
