BRASILIA.– En una maniobra de alto impacto que busca recuperar la iniciativa política y frenar el estancamiento en los sondeos, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, envió al Congreso, con carácter de “urgencia constitucional”, un ambicioso proyecto de ley que elimina de forma definitiva la jornada laboral de seis días de trabajo por uno de descanso, conocida como la escala 6×1. La propuesta busca imponer un esquema de cinco días de trabajo y dos de descanso (5×2), reduciendo la carga semanal de 44 a 40 horas sin que ello resulte en un recorte de los salarios.
El Palacio del Planalto presenta la medida como una cuestión de “dignidad humana”, mientras que la oposición y los mercados leen la iniciativa como un movimiento de supervivencia electoral ante el avance del bolsonarismo en las encuestas.
El anuncio, cargado de una impronta comunicacional épica, fue refrendado por el propio mandatario en sus redes sociales.
“Fin de la escala 6×1 y disminución de la jornada de trabajo a 40 horas, sin reducción de salario. Es sobre dignidad. El Gobierno de Brasil está del lado del pueblo brasileño”, sentenció Lula a través de un posteo en X la noche del martes, acompañado de un video que intercala imágenes de la Explanada de los Ministerios con rostros de trabajadores exhaustos, apelando a la idea de que existe una “vida más allá del trabajo”.
Para sustentar la medida, el gobierno ha recurrido a una batería de datos que exponen la profundidad de la fatiga laboral. Según los datos oficiales, cerca de 37,2 millones de brasileños -el 74% de los empleados con contrato formal- cumplen actualmente jornadas que superan las 40 horas semanales.
El núcleo del problema reside en los 14 millones de personas sujetas a la escala 6×1, un grupo que incluye a 1,4 millones de trabajadoras domésticas. La justificación gubernamental también subraya una crisis de salud pública: en 2024, el país registró aproximadamente 500.000 bajas laborales por enfermedades psicológicas relacionadas con el entorno de trabajo.
Con esta reforma, Lula pretende alinear a Brasil con un movimiento regional donde países como Chile y Colombia ya han iniciado transiciones similares. En el imaginario del Planalto, se trata de una modernización que prioriza el bienestar por sobre la mera extensión horaria, imitando modelos europeos como el de Francia (35 horas) o Alemania, bajo la tesis de que el avance tecnológico debe traducirse en tiempo libre y no solo en rentabilidad empresarial.
Sin embargo, el frente empresarial ha reaccionado con un despliegue de cifras que vaticinan un “apagón” de productividad. Según la Confederación Nacional de la Industria (CNI), los costos en salarios podría trepar en hasta 53.400 millones de dólares anuales, con un efecto “inflacionario” de 6,2% en promedio.
Detrás del lenguaje de la justicia social, los fríos números de los sondeos empiezan a imponer una urgencia al oficialismo.
Se conoció este miércoles una nueva encuesta de la consultora Quaest que ha inyectado nerviosismo en el búnker del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula. Por primera vez en una proyección de segunda vuelta para 2026, el senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro, aparece numéricamente por delante de Lula (42% a 40%). Hace apenas cuatro meses, el actual mandatario mantenía una ventaja de diez puntos.
Ante esta amenaza tangible, el oficialismo ha adoptado la bandera de la reducción de la jornada laboral, una “reparación histórica” para la clase trabajadora.
Para contrarrestar el alarmismo, el Gobierno se apoya en el Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), que sostiene que el impacto es asimilable al de los reajustes del salario mínimo, y en el precedente de la Constitución de 1988, cuando la jornada bajó de 48 a 44 horas sin disparar el desempleo.
El Ipea destaca que habría una suba del costo de la mano de obra en 7,84%, pero el alta podría ser absorbida por la economía, asimilándose a lo que sucedió con la política de valorización del salario mínimo.
Guilherme Boulos, ministro de la secretaría general de la Presidencia, espera que el proyecto de ley, defendido como una iniciativa para que las familias pasen más tiempo juntas, será aprobado en apenas 90 días. El debate tomó incluso un tinte regional. Durante una conferencia de prensa en Brasilia este miércoles, Boulos trazó una frontera ideológica al comparar la iniciativa de Lula con el modelo del presidente Javier Milei en la Argentina.
“El gobierno de extrema derecha en la Argentina de Javier Milei aumentó la jornada a 12 horas diarias”, sentenció el ministro, posicionando a Brasil como el laboratorio de un paradigma opuesto, que apuesta a un trabajador descansado para mejorar la productividad y reducir el ausentismo por enfermedad.
“El debate que estará en juego en Brasil es quién estará del lado de los trabajadores y quiénes estarán del lado de los privilegiados”, defendió Boulos.
La batalla se trasladará ahora a un Congreso Nacional de perfil conservador, dominado por el bloque del “Centrão”. Al enviar el proyecto con régimen de urgencia, Lula obliga a la Cámara de Diputados a pronunciarse en 45 días, bloqueando la agenda legislativa si no hay avances. Es una táctica de presión máxima sobre el presidente de la Cámara, Hugo Motta.
Analistas en Brasilia sugieren que Lula está aplicando una “polarización estratégica”. Si el proyecto se aprueba, se anotará una victoria que le permitirá presentarse como el presidente que devolvió el tiempo libre a los brasileños. Si el Congreso lo rechaza o lo diluye, el mandatario tendrá un “culpable” claro a quien señalar en la campaña: una élite que “le niega la dignidad al pueblo”. El gobierno ha decidido jugar una carta fuerte para recuperar terreno de cara a las elecciones
