En los pasillos del gobierno de Santa Cruz se rumorea que hay una buena sintonía entre el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Thierry Decoud y el gobernador Claudio Vidal.
En febrero de este año se reunieron por primera vez con Decoud en el cargo y ambos coincidieron en que había que reactivar la empresa. “Vamos a trabajar en conjunto con YCRT y me comprometo a buscar inversores”, dijo entonces Vidal. “Entendiendo que es una empresa clave para la provincia, para la Cuenca Carbonífera. Vamos a trabajar en conjunto y me comprometo a buscar compradores de carbón”, agregó entonces.
El artículo de Clarín donde se denuncia un presunto pedido de coimas en una mesa de negociación de la que participan un ejecutivo de Tegi, Agustín Yarke, que pretendía comprar 30.000 toneladas de carbón, y un misterioso intermediario, el asesor financiero Andrés Gross, que asegura hablar en representación de quienes “manejan la mina”, no pasó desapercibido en el gobierno de Vidal.
La actual administración provincial emitió prontamente un comunicado donde se distancia de cualquier conducta que pudiera ser entendida como un pedido de coimas en la provincia.
El documento reclamada a la Justicia nacional que de lugar a un urgente proceso de investigación al respecto. Además advierte que se evaluará “la posibilidad de que la provincia de Santa Cruz se presente formalmente en la justicia para ser parte querellante y pedir que se aclare este desagradable y repudiable episodio que se ha divulgado”.
“El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz expresa su más enérgico repudio y sorpresa ante los presuntos hechos que divulga una noticia publicada en medios nacionales; respecto de una posible comisión del delito de cohecho en la operación de venta de carbón de YCRT a la compañía de capitales israelíes TEGI Limited”, dice el comunicado.
“Este gobierno de Santa Cruz no acepta, ni avala, ni comparte, ni legitima, episodios de corrupción. Este gobierno es particularmente inflexible a la hora de transmitir, proponer y ejercer claridad en los actos públicos, tanto de orden administrativo, como en los procesos o procedimientos de compra en los que está involucrado el Estado”, agrega.
Y sigue: “En el caso de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), la empresa viene sufriendo por años y años de actos de corrupción, muchos de los cuales hemos denunciado cuando no éramos gobierno. No los toleramos antes, no los vamos a tolerar ahora”.
“Pedimos a la Justicia Nacional que inicie de inmediato un proceso de investigación y esclarezca la posible comisión de los delitos, así como la cadena de responsabilidades, desde las personas involucradas en forma directa, como de las que dieron las órdenes políticas”, suma.
El pronunciamiento de la administración de Vidal señala que “los principales perjudicados por esta situación somos los habitantes, los vecinos de la provincia de Santa Cruz. Si esta operación de compra se demora o se detiene, los únicos perjudicados somos los santacruceños. Santa Cruz necesita que YCRT se reactive. Santa Cruz necesita volver a producir. Santa Cruz necesita una industria firme. Y vamos a dejar lo último de nuestro aliento para poder llevarlo a cabo”.
“Nuestro gobierno ha realizado un grandísimo esfuerzo, junto a los trabajadores; para recuperar la producción de carbón, ya que hace mucho tiempo no se extraía. Es lamentable que ese importante esfuerzo que se viene haciendo, se eche a perder de esta manera”, agrega.
En la misma línea, anticipa que “evaluaremos con nuestro equipo de asesores legales la oportunidad y la posibilidad de que la provincia de Santa Cruz se presente formalmente en la justicia para ser parte querellante y pedir que se aclare este desagradable y repudiable episodio que se ha divulgado”, afirma.
“Si llegara a ser cierta la denuncia, si son veraces los audios y se constata el pedido de cohecho, pedimos al Gobierno Nacional que actúe con la mayor firmeza sobre los funcionarios y las personas involucradas. No somos ni seremos parte de un hecho de corrupción”, concluye.
