Todo empezó cuando Néstor Kirchner decidió que la energía no debía ser un sector estratégico, sino una caja política. Controles de precios, retenciones asfixiantes y reglas cambiantes convirtieron a YPF en una vaca lechera… pero no para el país, sino para un puñado de amigos del poder.
La maniobra con los Eskenazi no fue un negocio: fue una obscenidad financiera. Una empresa sin capital real, sostenida con préstamos delirantes, comprando acciones que se pagarían con dividendos que la propia empresa debía generar. Un castillo de naipes armado con dinero ajeno y garantías invisibles. Si esto no fue un vaciamiento planificado, se le parece demasiado.
Mientras tanto, la producción caía, la inversión desaparecía y el país se quedaba sin energía. Pero eso sí: los dividendos volaban. Más de 24.000 millones de dólares exprimidos de una empresa que debía invertir y crecer, no financiar el festival de una ingeniería diseñada para el saqueo.
Y cuando el esquema colapsó —porque siempre colapsa lo que nace podrido— apareció la solución kirchnerista: la confiscación. Cristina Fernández de Kirchner expropió YPF con el argumento de que no invertía… después de años de haber promovido exactamente eso. Una pirueta discursiva digna de un manual de cinismo avanzado.
El resultado fue previsible: juicios internacionales, miles de millones comprometidos, pérdida de confianza y un país condenado a importar energía por cifras obscenas. Mientras el relato hablaba de soberanía, la realidad mostraba dependencia, improvisación y una factura que todavía estamos pagando.
Axel Kicillof, arquitecto intelectual de aquella expropiación, defendió lo indefendible con una mezcla de dogmatismo y soberbia académica. Terminó pagando miles de millones por una empresa que, según él mismo, “no valía nada”. Una hazaña conceptual difícil de igualar.
Y en el medio de todo, la causa judicial durmiendo el sueño eterno. El expediente que el juez Ariel Lijo dejó en estado vegetativo durante años es, quizás, la metáfora más precisa de la Argentina: un país donde los escándalos no se resuelven, se pudren.
Hoy, con Vaca Muerta finalmente en desarrollo —gracias a reglas más previsibles y no al voluntarismo de quienes la usaron como slogan—, el kirchnerismo pretende reescribir la historia. Pero los números no mienten, los dólares tampoco, y las consecuencias siguen ahí: reservas vaciadas, credibilidad destruida y una década perdida en materia energética.
La llamada “década ganada” fue, en este capítulo, una década saqueada.
Y aunque algunos intenten enterrarla con fallos favorables o discursos grandilocuentes, hay historias que no se olvidan. Sobre todo cuando sus efectos todavía se pagan.
