El Gobierno vive por estos días un momento desafiante. Está lejos de ser el más complicado de su gestión —nada se compara con los días de corrida cambiaria y de negociaciones frenéticas por un salvataje de los Estados Unidos—, pero es evidente que no está pudiendo mostrar resultados suficientes como para cimentar sin grietas su ingreso al período eleccionario de 2027.
En la Argentina, no son muchos los meses que quedan librados a una conversación que no tenga que ver con lo electoral; probablemente no pase de agosto próximo.
De ahí la urgencia de conseguir, cuanto antes, consolidar el cambio de un modelo que apenas lleva dos años. Pero son muchos los frentes en los que las incógnitas siguen siendo considerables. La economía, tal como admitió el propio ministro, Luis Caputo, no se está reactivando a la velocidad esperada. Pero, además, el empleo da señales de ajuste, el proceso de desinflación se muestra en un impasse y la apreciación del tipo de cambio vuelve a estar en boca de todos los economistas.
Son dudas que no solo se manifiestan entre los actores locales. En el Fondo Monetario Internacional (FMI) el caso argentino genera polémica dentro del directorio. Pese a que existe la certeza en el board del organismo de que eventualmente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, podría terminar laudando a favor de la Argentina y neutralizando cualquier disidencia interna, la realidad es que muchos se sienten incómodos con el accionar del equipo económico. En particular, un tema que surge en privado es el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales. Si bien es cierto que el Banco Central (BCRA) viene comprando sin pausa dólares en el mercado de cambios desde que comenzó el año —US$4245 millones, según un informe de la consultora 1816—, las reservas internacionales medidas bajo la metodología del FMI eran al 31 de marzo negativas en US$13.841 millones. Apenas subieron en el año US$569 millones y están US$4656 millones por debajo del nivel que tenían cuando se firmó el acuerdo, en abril de 2025.
“El tema de acumulación de reservas es la clave”, reconoce una fuente con acceso a lo que sucede en Washington. “Ya en el pasado se planteó este tema; la Argentina firmó y luego incumplió, y ahora está el miedo de que vayan a repetir el mismo accionar”, continuó.
En respuesta, el directorio del FMI decidió hacer lo que mejor saben hacer los organismos cuando no logran destrabar un tema: procrastinarlo.
La reunión del board que originalmente iba a ser el 27 de marzo se pasó luego para el 7 de este mes. Ahora se descuenta que no se hará hasta después de la Asamblea de Primavera del FMI en Washington, que se llevará a cabo entre el 13 y el 18 de abril. El 7 finalmente habrá solo una reunión informal del board para seguir avanzando en la discusión del caso argentino. Recién se sabrá entonces cuán lejos están de una definición.
Como el mercado, el FMI también esperaba que la Argentina empezara a abrirse paso entre el crédito internacional para sumar dólares que puedan usarse para cubrir los pagos de deuda sin afectar directamente las reservas netas del BCRA.
Entre este año y 2027, el gobierno de Javier Milei tiene vencimientos, solo con el sector privado, por US$30.000 millones, según la consultora 1816. Esta cifra descuenta la renovación en el mismo período de los vencimientos con organismos internacionales, que no hay pagos por el swap chino —el BCRA de Santiago Bausili deberá renegociarlo, pues vence en junio— ni cancelaciones al BIS (Bank of International Settlements).
Tampoco incluye pagos que el Gobierno acordó en efectivo y que deberán saldarse en los próximos meses, como el del caso de los holdouts del default de 2001, entre ellos, los fondos Attestor Master Value y Bainbridge.
En febrero, la Argentina tuvo la oportunidad de probar suerte en el mercado cuando el riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos; ahora, esa posibilidad luce más lejana. Que esa ventana se vuelva a abrir dependerá de la resolución del conflicto en Irán y de cómo se reacomoden los mercados.
En las próximas semanas avanzarán privatizaciones que ayudarán a mejorar, en algo más, los números. El 9 de este mes es la fecha que puso el Citi para recibir las ofertas no vinculantes de aquellos interesados por el 70% que YPF tiene en Metrogas, la mayor distribuidora de gas del país, por la cual se esperan recaudar entre US$600 millones y US$900 millones. Aunque dieron vueltas los nombres de Camuzzi (Alejandro Macfarlane y Jorge Brito), Edison Energía (liderada por los hermanos Patricio y Juan Neuss, junto a inversores como Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley, Federico Salvai, Rubén Cherñajovsky y Luis Galli), MSU (de Santos Uribelarrea), Ecogas (Central Puerto), Integra Capital (José Luis Manzano), solo los últimos dos estarían dispuestos a avanzar con ofertas. Manzano ya tiene el 9,23% de la distribuidora.
Solo cinco días más tarde, el 14, vence el plazo para presentar los sobres con ofertas técnicas y económicas por el 50% que el Estado tiene en Transener, empresa líder en el transporte de alta tensión. Ese mismo día se abrirán los sobres con las ofertas técnicas y luego, una vez finalizada la preselección de candidatos, se abrirán los sobres con la oferta económica. En este caso, tendrían intención de presentarse Edison Energía, Genneia (del fondo Point State, el Grupo Brito y Fintech Energy), Edenor (Vila, Manzano) y la familia Sielecki, que ya es socia en TGS de Marcelo Mindlin, que a través de Pampa Energía hoy es socio del Estado en Transener. Otros interesados que dieron vueltas con los pliegos de la transportadora, pero que finalmente podrían no hacer ofertas, son MSU y Central Puerto. No deja de llamar la atención el desinterés de los capitales extranjeros por los activos argentinos.
El dólar, siempre presente
Pero la acumulación de reservas también va ligada al debate, siempre vigente en la Argentina, sobre la política cambiaria. Más allá de que la mayoría de los economistas coincide en que, en el mediano plazo, una vez que se desarrolle el negocio minero y se potencie el energético, es posible que la Argentina se transforme en un país “caro” en dólares, como sucedió en la Convertibilidad, en el corto plazo la alta inflación en moneda extranjera está haciendo más espinoso el camino hacia la consolidación del nuevo modelo económico. Lo plantean desde el exministro Domingo Cavallo hasta economistas de los bancos de Wall Street.
Los números no mienten, aunque a veces el Gobierno prefiera no mencionarlos. En apenas tres meses —de diciembre a marzo— la inflación acumulada en dólares al tipo de cambio oficial rozó el 14,4%, un dato que surge de combinar la suba de precios en pesos con la apreciación real del peso frente al dólar. Dicho de otro modo: la Argentina se encareció en moneda dura a un ritmo que no tiene parangón en la región. Para ponerlo en perspectiva, Chile registró en el mismo período una variación del costo de vida en dólares prácticamente neutra —su tipo de cambio acompañó la inflación local sin grandes saltos— y Brasil, donde el Banco Central dejó depreciar al real, vio cómo sus exportaciones y su estructura de costos se abarataron en dólares. Ninguno de los países vecinos acumuló nada que se acerque al encarecimiento argentino. La corrección cambiaria que el equipo económico usó como ancla antiinflacionaria tiene un precio que no está en el IPC, pero sí en los balances de las empresas. No son solo los ahorristas argentinos los que piensan en dólares.
El impacto más visible está en los costos cotidianos: los combustibles pasaron de US$1,05 por litro en diciembre a más de US$1,43 en marzo; un salto de 36% en cuatro meses que convirtió a la nafta argentina en una de las más caras de Sudamérica.
El índice de costo de vida en Buenos Aires medido en dólares, según la base de datos Numbeo, ubica a la capital argentina entre las ciudades más caras de la región, por encima de Santiago de Chile y San Pablo. Mientras tanto, el salario mínimo en dólares —calculado al tipo de cambio oficial— cubre apenas el 29% del costo de vida mensual estimado para el país, frente al 79% que cubre en Chile o al 64% que alcanza en Brasil.
Más allá de que es apenas un indicador, ese desfasaje no es un detalle técnico: refleja el corazón del problema. La competitividad que se ganó con el salto cambiario de diciembre de 2023 se evapora en silencio, mes a mes, sin que nadie firme el acta de defunción. El atraso cambiario tiene esa particularidad: avanza de puntas de pie, pero sus consecuencias llegan con estrépito.
Entre los economistas, muchos —como Cavallo— advierten que estos meses de pax cambiaria —y relativa pax política o al menos electoral— debieran servir para poder ir avanzando en la quita de más controles cambiarios. Que los hay, los hay, pese a que desde el equipo económico afirman que ya no afectan a casi a nadie. “Las tasas largas en pesos no van a bajar hasta que los inversores no vean que el tipo de cambio no se mueve libremente —evaluaba esta semana un economista de un banco, con la condición de no ser identificado—. Hoy hay una política de control de agregados monetarios que deja flotar el tipo de cambio… hasta que se mueve. Ahí, en cuanto el dólar se mueve, salen a intervenir”, continuó. Es un debate más sofisticado que el de los “devaluadores”, a quienes el ministro Luis Caputo esta semana dijo que les quería “pegar una patada en el culo”. Pero últimamente no parecería haber en la esfera pública nada tendiente a una mayor sofisticación. Lo cual es un problema.
El debate público se administra con las reglas y los sesgos de las redes sociales, en una arena donde priman las chicanas, los insultos y las frases pendencieras. Es por eso que no extraña que en cuestión de días los atacados pasen a ser “bullies” con la misma virulencia. Esta semana les tocó a los funcionarios que sacaron hipotecas en el Banco Nación. Más allá de que, además, se los puede cuestionar ideológicamente.
