El Gobierno buscó despegarse del escándalo por un presunto caso de corrupción en torno a una operación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), una de las empresas estatales que la Ley Bases habilitó al Ejecutivo para poder privatizar. Entre la incomodidad por la seriedad de la denuncia y el desinterés por una compañía que Javier Milei marcó como prioridad para vender, tanto en la Casa Rosada como en los más encumbrados despachos oficiales optaron por el silencio a la espera de una explicación al interventor de la compañía Thierry Decoud, un dirigente del PRO que supo ocupar un cargo de alto rango durante la administración de Mauricio Macri.
“Máxima cautela, pero preocupación cero”, fue la cerrada respuesta que dieron en el Gobierno, donde puntualizaron que el ministro de Economía, Luis Caputo, convocará a Decoud a una reunión en el Palacio de Hacienda para interiorizarse sobre el tema y evaluar los pasos a seguir en materia política. “El tema lo van a analizar ‘Toto’, y (el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez) Chirillo, nosotros no nos vamos a meter”, indicaron a Clarín en Balcarce 50.
En Economía explicaron a este diario que el ministro Caputo recién tomó conocimiento este lunes de la denuncia y que por lo tanto “todavía no hay una definición al respecto”. “Seguramente se analizará en profundidad qué pasó y luego hablaremos”, agregaron.
Así, con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, internado por un cuadro gastrointestinal, y ante la suspensión de la conferencia de prensa habitual del vocero presidencial Manuel Adorni, no hubo voces de primera línea del Gobierno que se pronunciaran por el supuesto pedido de coimas que quedó expuesto en el marco de la compra de 30 mil toneladas de carbón de baja calidad por alrededor de 2,1 millones de dólares que intentó concretar la firma de capitales israelíes TEGI Limited con YCRT.
La operación estuvo a punto de cerrarse en junio pasado, pero finalmente no se realizó por las irregulares maniobras de Andrés Gross, un misterioso intermediario que, según se desprende del audio de una reunión por videoconferencia que mantuvieron las partes involucradas, le pidió al representante de TEGI en la Argentina, Juan Agustín Yarke Ariet, un dinero adicional para avanzar en la negociación.
“No están pidiendo un porcentaje totalmente elevado”, se ataja Gross en la grabación que reveló Clarín en exclusiva. No aclara a quiénes se refiere que le están demandando un porcentaje (oscilaría entre el 1% y un 1,5% del total, alrededor de 30 mil dólares), aunque las sospechas se acrecientan por su cercanía con Decoud: ambos, ante la consulta de este diario, admitieron que son amigos y que juegan juntos al fútbol. Tal vez eso pueda explicar por qué se enteró Gross de que la orden de compra del carbón, a razón de 70 dólares por tonelada, un precio muy por debajo del precio internacional, había ingresado a YCRT.
Esta situación no pasó inadvertida en algunas áreas clave del Gobierno. Es una casualidad muy difícil de explicar, conceden.
Pero la decisión del Gobierno de tomar distancia de Decoud y no salir a defenderlo no está exenta de suspicacias políticas: en un contexto en el que se debate sobre la conveniencia de la incorporación de más dirigentes del PRO, hay quienes advierten que el pasado del interventor como secretario de Control y Monitoreo del Ministerio de Ambiente durante la gestión de Macri lo complicó un poco más. “No es nuestro, casi que no lo conoce ni ‘Toto‘”, blanqueó una espada libertaria de las incondicionales a Milei.
Un dato que refleja la desconexión que orquestó la Casa Rosada: Caputo se enteró por los medios del comunicado que emitió YCRT para rechazar las acusaciones y aclarar que la venta de carbón no se concretó porque la oferta no cumplía con “el valor, las condiciones de pago y otras contractuales”.
Con todo, en las próximas horas Decoud desembarcará en Buenos Aires, en medio de severos cuestionamientos por parte del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien dio luz verde a su designación pero este lunes salió a pedir que el Gobierno “actúe con la mayor firmeza sobre los funcionarios involucrados” y que la Justicia “inicie de inmediato un proceso de investigación y esclarezca la posible comisión de delitos”.
