El Estado mexicano obtuvo una victoria clave en un litigio internacional que llevaba años en disputa y que implicaba una reclamación superior a los 2100 millones de dólares, en un resultado que fue celebrado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El fallo, emitido por un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), desestimó por completo las acusaciones vinculadas a un proyecto de taxímetros digitales en la Ciudad de México.
Según el comunicado oficial de la Secretaría de Economía, el tribunal arbitral rechazó en su totalidad las reclamaciones presentadas por las empresas Espíritu Santo Holdings, LP y L1bre Holding, LLC, que habían iniciado el proceso en mayo de 2020 bajo el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan).
La decisión final, emitida el 26 de marzo de 2026, concluyó que el Estado mexicano no incumplió ninguna de sus obligaciones internacionales.
El organismo también determinó que las compañías demandantes deberán asumir los costos del arbitraje, lo que representa un giro significativo respecto de sus pretensiones iniciales.
En su resolución, el tribunal fue categórico al señalar que no existían pruebas suficientes que respaldaran los señalamientos de las empresas. Incluso subrayó que el fracaso del proyecto no fue consecuencia de acciones del gobierno mexicano, sino de las propias decisiones de las demandantes.
Este resultado fue calificado por las autoridades como un logro relevante, al destacar el trabajo de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, con apoyo de firmas legales internacionales, así como la colaboración de entidades locales como la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.
De acuerdo con la Dúplica de México presentada el 7 de marzo de 2023 ante el Ciadi, el conflicto tiene su origen en un proyecto impulsado entre 2015 y 2018 que buscaba modernizar el sistema de taxis en la capital mediante tecnología digital.
Las empresas demandantes sostenían que habían obtenido una concesión para implementar un sistema integral que incluía:
Según su versión, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Movilidad (Semovi), habría suspendido de forma arbitraria dicha concesión en 2018, lo que provocó el colapso del proyecto.
Además, acusaron a las autoridades de intentar apropiarse de la tecnología, al señalar como evidencia el desarrollo posterior de la aplicación “Mi Taxi”. Bajo estos argumentos, las empresas alegaron violaciones a varios artículos del Tlcan, específicamente:
La misma Dúplica de México ofrece una versión opuesta a la presentada por las empresas. Desde la perspectiva oficial, el proyecto nunca contó con un título definitivo válido, sino que operó bajo un esquema de prueba sujeto a condiciones específicas.
Entre los principales argumentos expuestos por el Estado mexicano se destacan:
El tribunal del Ciadi coincidió en gran medida con los planteamientos del Estado mexicano. En su laudo, destacó la falta de evidencia que demostrara que el gobierno hubiera destruido o afectado la inversión de las empresas.
En palabras citadas en el comunicado oficial, la mayoría del tribunal concluyó que “no existen pruebas” de que México haya perjudicado deliberadamente a las demandantes y que, por el contrario, “el fracaso fue el resultado de sus propias acciones”.
Tras conocerse el fallo, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la decisión: “Fue un entramado de corrupción”, afirmó al referirse al origen del conflicto. “Ahora que ya se resolvió ya se pueden hacer públicos algunos de estos datos, muy interesante cómo se dio el entramado. Afortunadamente se dieron suficientes argumentos”, declaró en su conferencia de este martes.
