JERUSALÉN.– El Parlamento de Israel aprobó este lunes una controvertida ley que autoriza la pena de muerte para palestinos condenados por asesinar a israelíes en ataques considerados de carácter nacionalista o “terrorista”. La medida, largamente impulsada por sectores de la extrema derecha, representa un giro histórico en la política penal del país y abre un nuevo frente de tensión tanto a nivel interno como internacional.
El primer ministro, Benjamin Netanyahu, participó personalmente de la votación y respaldó la iniciativa, que convierte la pena capital –por ahorcamiento– en el castigo por defecto para los palestinos de Cisjordania condenados en estos casos. La legislación, que fue aprobada con 62 votos a favor y 48 en contra, no será retroactiva y se aplicará únicamente a hechos futuros, con entrada en vigor prevista dentro de 30 días.
La Autoridad Nacional Palestina condenó la ley, que calificó como una “escalada peligrosa”. En una publicación en X, el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino en Ramala afirmó que “Israel no tiene soberanía sobre el territorio palestino”, y añadió: “Esta ley revela una vez más la naturaleza del sistema colonial israelí, que busca legitimar las ejecuciones extrajudiciales bajo el amparo legislativo”.
El proyecto fue promovido por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, una de las figuras más duras del gobierno, que celebró su aprobación con gestos efusivos dentro del recinto. “Desde hoy, todo terrorista lo sabrá: quien quite una vida, el Estado de Israel le quitará la vida”, afirmó durante su intervención previa a la votación.
La ley establece que los tribunales militares –que juzgan exclusivamente a palestinos de Cisjordania– deberán imponer la pena de muerte en casos de asesinato de israelíes considerados actos de terror, aunque podrán conmutarla por cadena perpetua en circunstancias especiales. En tanto, las cortes civiles israelíes podrán aplicar la pena capital o prisión perpetua a ciudadanos –incluidos árabes israelíes– en casos de asesinatos con motivación política o con intención de dañar la existencia del Estado.
La norma fue inmediatamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos israelíes y palestinas, que la calificaron de “racista”, “draconiana” y contraria al derecho internacional.
La Asociación por los Derechos Civiles en Israel presentó un recurso ante el Tribunal Supremo pocos minutos después de la aprobación, al considerar que la ley es “intencionalmente discriminatoria” y carece de autoridad legal sobre los territorios de Cisjordania.
Especialistas en derecho también advirtieron sobre la creación de un sistema judicial desigual. Según el investigador Amichai Cohen, del Instituto de Democracia de Israel, la ley introduce una distinción que, en la práctica, limita su aplicación casi exclusivamente a palestinos. “Los judíos no serán acusados en virtud de esta ley”, señaló, al explicar que los delitos contemplados están definidos de manera que apuntan a acciones contra el Estado motivadas por su existencia.
Otra de las críticas apunta a que el Parlamento israelí no debería legislar sobre Cisjordania, territorio ocupado que no forma parte de su soberanía reconocida internacionalmente. Además, el texto no contempla la posibilidad de indulto y fija un plazo de hasta 90 días para la ejecución tras la sentencia, lo que contradice estándares internacionales.
La aprobación de la ley generó preocupación entre aliados occidentales de Israel. Los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña habían advertido previamente que la norma tiene un carácter “de facto discriminatorio” y podría poner en riesgo los compromisos democráticos del país.
También expertos de las Naciones Unidas cuestionaron la amplitud de las definiciones incluidas en el texto, que podrían permitir la aplicación de la pena de muerte en casos que no constituyen terrorismo en sentido estricto.
Dentro de Israel, sectores de la oposición alertaron sobre posibles efectos políticos y de seguridad. Algunos legisladores señalaron que la medida podría complicar futuras negociaciones para la liberación de rehenes, una herramienta clave en el conflicto con grupos armados palestinos. Otros recordaron que la agencia de seguridad interna, Shin Bet, había objetado anteriormente la introducción de la pena capital por considerar que podría incentivar represalias y nuevos ataques.
Agencias AP y Reuters
