LIMA.– En la cuenta regresiva hacia las elecciones, la campaña presidencial en Perú tuvo un primer debate que dejó como eje indiscutido la inseguridad y el hartazgo social frente a la corrupción.
En ese marco, el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga endureció su discurso y prometió expulsar a extranjeros en situación irregular y restablecer el sistema de “jueces sin rostro” para procesar criminales, una medida asociada a los años más duros de la lucha contra el terrorismo en los 90′.
El dirigente, conocido como “Porky” y uno de los favoritos en las encuestas, también propuso una reducción drástica del Estado, al plantear que los ministerios pasen de 18 a solo seis. El objetivo, dijo, es redirigir recursos hacia tareas de inteligencia policial para combatir delitos como la extorsión y el sicariato, que en los últimos años crecieron de forma sostenida.
“Hay que reducir el Estado, tomado por políticos corruptos por más de 10, 15 años. Vamos a eliminar esa grasa”, afirmó López Aliaga.
Según la última encuesta de Datum Internacional, publicada el domingo, el candidato comparte la punta con Keiko Fujimori, ambos en un virtual empate técnico con 11,7% y 11,9% de intención de voto. El dato más relevante, sin embargo, es otro: cerca de un 36% de los electores permanece indeciso o asegura que no irá a votar, un reflejo del profundo desgaste del sistema político peruano.
Ese desencanto se explica, en parte, por la inestabilidad institucional. Desde 2018, Perú tuvo ocho presidentes, en su mayoría desplazados por renuncias o destituciones en medio de escándalos de corrupción. Ese contexto atraviesa toda la campaña y explica el tono cada vez más confrontativo de los candidatos.
En materia de seguridad, López Aliaga fue más allá y propuso retirar a Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para habilitar la aplicación de la pena de muerte.
También planteó restablecer los “jueces sin rostro”, un sistema en el que los magistrados ocultan su identidad para evitar represalias, utilizado durante el gobierno de Alberto Fujimori en los procesos contra Sendero Luminoso. Aquella política fue luego cuestionada por organismos de derechos humanos y por fallas en el debido proceso.
En el mismo debate, el candidato de izquierda Alfonso López-Chau, economista y exdirector del banco central, propuso una estrategia distinta: depurar las fuerzas de seguridad y fortalecer un sistema de inteligencia orientado a cortar el financiamiento de las organizaciones criminales.
También planteó mecanismos para que el Estado pueda congelar contratos sospechosos en un plazo de 48 horas, con el objetivo de frenar posibles actos de corrupción de manera inmediata. “Tenemos que volarnos a todas estas ratas del Estado”, afirmó.
Más allá de las diferencias ideológicas, varios candidatos coincidieron en un punto: la necesidad de derogar leyes que consideran “procrimen”, aprobadas en los últimos años por un Congreso ampliamente desacreditado. Según analistas, esas normas habrían facilitado la acción de bandas delictivas y debilitado la capacidad de respuesta del Estado.
El cronograma electoral continuará con nuevos debates en los próximos días y una segunda ronda temática centrada en economía y educación.
Las elecciones serán el 12 de abril. Sin embargo, el escenario ya parece encaminado hacia una definición en dos vueltas: ningún candidato aparece hoy en condiciones de superar el 50% de los votos en abril, por lo que todo apunta a un balotaje el 7 de junio.
El próximo presidente asumirá el 28 de julio, con el desafío de estabilizar un país atravesado por la fragmentación política, la crisis de representación y una demanda social urgente por seguridad y orden.
Agencia Reuters
