El conflicto judicial por los denominados bonos cupón PBI -GDP Warrants- volvió a escalar con una nueva presentación de los demandantes por €1580 millones (más de US$1800 millones) presentada en los tribunales de Londres, en la que fondos que litigan contra la Argentina reclaman pagos vinculados a distintos años.
La presentación, impulsada por acreedores representados por el estudio Quinn Emanuel, amplía el alcance del litigio más allá del caso ya resuelto por 2013 y refuerza un frente que el mercado sigue de cerca, en momentos en que el Gobierno de Javier Milei busca mejorar las condiciones financieras antes de avanzar con una eventual vuelta al mercado de deuda. Entre fallos firmes y nuevos reclamos, el monto en juego ya supera los €3000 millones (más de US$3400 millones).
El caso tiene como antecedente central el fallo favorable que los acreedores obtuvieron por el pago correspondiente a 2013, que quedó firme tras ser confirmado en todas las instancias judiciales del Reino Unido. Ese juicio determinó que la Argentina debía abonar €1330 millones (US$1535 millones), cifra que asciende a alrededor de €1600 millones (US$1846 millones) al sumar los intereses acumulados a lo largo de más de una década.
Sin embargo, pese a la sentencia definitiva, el país no avanzó hasta ahora con ningún esquema de pago ni presentó una propuesta concreta de negociación.
Desde la Procuración del Tesoro relativizaron el alcance de la nueva presentación: “No se trata de un caso nuevo, sino de un litigio con sentencia firme desde 2024. Los demandantes buscan ahora ampliar el alcance del reclamo mediante una nueva presentación, cuya resolución quedará sujeta a lo que determine el tribunal”, señalaron. Según indicaron, el proceso “no tendrá una definición en el corto plazo” y la Argentina continuará con su estrategia legal “resguardando los intereses del Estado en línea con lo actuado hasta el momento”.
La nueva demanda presentada en Londres busca extender ese criterio a otros años —en particular 2017, 2021 y 2022— y se basa en la discusión sobre la metodología utilizada para calcular el PBI, variable clave para determinar los pagos de estos instrumentos atados al crecimiento económico. Según los demandantes, la inconsistencia en la serie oficial queda reflejada en que el nivel de actividad informado para 2013 resulta aproximadamente un 12,5% inferior al que surge de la metodología que la Justicia consideró válida en el caso anterior.
El origen del conflicto se remonta a los cambios en la metodología de cálculo del PBI implementados durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. En 2014, el Indec actualizó el año base de las cuentas nacionales —de 1993 a 2004—, una modificación que tuvo impacto directo en la medición del crecimiento económico y, por lo tanto, en los pagos de estos instrumentos emitidos en los canjes de deuda de 2005 y 2010. Los acreedores sostienen que ese cambio alteró las condiciones contractuales y redujo los niveles de actividad utilizados para gatillar los pagos.
Los bonos cupón PBI son instrumentos que otorgan pagos adicionales si se cumplen tres condiciones, entre ellas que el crecimiento económico supere un determinado umbral —en torno al 3,2% anual— y que el nivel del producto supere ciertos valores establecidos en la serie original. La disputa gira en torno a cuál es la metodología válida para medir esas variables. La Justicia británica concluyó que la Argentina debía utilizar un criterio lo más cercano posible al aplicado entre 2006 y 2012, lo que dio lugar al fallo por el pago correspondiente a 2013.
Según un informe de la consultora Latam Advisors, esa sentencia ya es considerada como deuda no contingente en los análisis de sostenibilidad del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que implica que el organismo la trata como una obligación efectiva dentro del perfil de deuda del país. El reporte también señaló que, a pesar de la instancia definitiva del juicio, no hubo avances concretos en negociaciones con los acreedores y que el monto continúa acumulando intereses.
En paralelo, el frente judicial se amplió a Estados Unidos. Los acreedores solicitaron el reconocimiento de la sentencia británica en tribunales norteamericanos, un paso que, de prosperar, podría habilitar acciones para ejecutar activos argentinos bajo esa jurisdicción y aumentar la presión para alcanzar un acuerdo. Según Latam Advisors, este proceso busca reforzar la capacidad de cobro del fallo y sumar una nueva vía de presión sobre el país.
Más allá del plano legal, el caso empezó a impactar en la dinámica de mercado. Un informe reciente de Morgan Stanley destacó que los bonos cupón PBI registraron subas en sus precios en lo que va del año y que su evolución está fuertemente condicionada por los avances judiciales, a los que identifica como el principal catalizador.
En particular, los analistas señalan que los títulos denominados en euros cotizan actualmente en torno a los 10,4 centavos por cada euro de valor nominal, un nivel que ya incorpora una elevada probabilidad de cobro del pago correspondiente a 2013, estimado en unos 8 centavos por unidad. En contraste, los bonos en dólares —que enfrentan un escenario legal más incierto— operan cerca de los 3,6 centavos por dólar de valor nominal, reflejando menores expectativas de recuperación en el corto plazo.
El banco también advirtió que eventuales avances judiciales o nuevas demandas por años posteriores podrían impulsar los precios por encima de los 12 centavos por unidad, mientras que un escenario adverso —como fallos negativos o una eventual emisión de deuda sin resolver el litigio— tendería a postergar cualquier recuperación significativa.
En ese contexto, Morgan Stanley señaló que la existencia de este litigio representa un factor relevante para cualquier intento de emisión de deuda en los mercados internacionales. Una resolución del conflicto podría facilitar el acceso al financiamiento externo, mientras que su prolongación mantendría abierto un foco de incertidumbre que los inversores siguen de cerca.
Para el mercado, el eje del conflicto ya no pasa por determinar si existe la obligación de pago —algo que quedó definido en el caso de 2013— sino por cuándo y en qué condiciones podría resolverse. Algunos análisis plantean que un acuerdo negociado o incluso un eventual pago podrían actuar como señal positiva, mientras que la continuidad del litigio seguiría condicionando la percepción de riesgo sobre la Argentina.
Más que un litigio técnico sobre estadísticas, el caso de los bonos cupón PBI se convirtió en un test sobre la capacidad del país para cerrar frentes abiertos con acreedores y avanzar en la normalización de su relación con los mercados financieros internacionales.
