El panorama migratorio en Texas atraviesa una etapa de cambios significativos impulsados por una serie de leyes y directivas firmadas por el gobernador Greg Abbott. Durante los últimos meses, el estado implementó nuevas normas que refuerzan la cooperación con autoridades federales, modifican políticas estatales vinculadas a la contratación de trabajadores extranjeros”s.
Una de las transformaciones más relevantes dentro de la política migratoria del estado es la implementación de la ley SB 8, que comenzó a regir el 1° de enero de 2026.
Esta normativa obliga a los condados de Texas que administran cárceles a iniciar y firmar acuerdos de cooperación con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia federal encargada de la aplicación de la ley migratoria.
Según la legislación, los sheriffs de los condados que operan centros de detención —ya sea de forma directa o mediante contratistas privados— deben solicitar formalmente estos convenios. El objetivo es integrar de manera más estrecha a las autoridades locales en la aplicación de las normas federales.
Estos acuerdos se basan en la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, un mecanismo que permite delegar determinadas funciones migratorias federales a autoridades locales. Bajo este esquema, el personal de los departamentos del sheriff puede colaborar en la identificación y procesamiento de personas detenidas que podrían encontrarse en situación migratoria irregular.
A comienzos de 2026, otra decisión del gobierno estatal volvió a poner el foco en la política migratoria, aunque esta vez en el ámbito laboral y académico. El 26 de enero, el gobernador Abbott ordenó a todas las universidades públicas y agencias estatales congelar nuevas solicitudes de visas H-1B.
La información fue publicada por The Texas Tribune, que detalló que las instituciones financiadas con fondos públicos no podrán iniciar ni presentar nuevas peticiones para este tipo de visas sin una autorización escrita de la Texas Workforce Commission.
La medida se mantendrá vigente al menos hasta el final de la próxima sesión legislativa estatal, prevista para el 31 de mayo de 2027.
Las visas H-1B permiten a empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros para ocupaciones especializadas que requieren, como mínimo, un título universitario.
Universidades y centros médicos académicos suelen utilizar este programa para incorporar profesores, investigadores, médicos y otros profesionales altamente capacitados.
La orden ejecutiva también exige que las instituciones presenten informes detallados sobre el uso de estas visas. Entre los datos solicitados figuran el número de solicitudes presentadas o renovadas durante 2025, la cantidad de trabajadores actualmente patrocinados, los puestos que ocupan, sus países de origen y la fecha de vencimiento de sus permisos migratorios.
Abbott explicó la motivación detrás de esta decisión al afirmar que el gobierno estatal debe “liderar con el ejemplo” y garantizar que las oportunidades laborales financiadas con recursos públicos prioricen a los residentes del estado.
El paquete legislativo impulsado por el gobernador Greg Abbott durante 2025 sentó las bases de varias de las políticas migratorias que comenzaron a aplicarse de forma escalonada entre septiembre de ese año y enero de 2026:
