El Estado argentino presentó anoche una carta ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, en la que anunció un acuerdo con los fondos que aún mantenían deuda soberana en default desde la crisis de 2001.
A pesar de los canjes ofrecidos en 2005 (bajo la gestión de Néstor Kirchner), 2010 (Cristina Kirchner) y 2016 (Mauricio Macri), una serie de fondos —conocidos como holdouts— compraron esa deuda en cesación de pagos para demandar al país. Entre ellos, siete competían para lograr el embargo de los escasos activos argentinos en el exterior.
Se trata de los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments, Bainbridge Fund, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master. Los dos primeros están representados por el abogado Dennis Hranitzky, socio y director del estudio Quinn Emanuel, quien en 2012 logró confiscar la Fragata Libertad en Ghana cuando asesoraba al fondo NML-Elliott Capital Management.
“Tras muchos años de litigio, nuestros clientes llegaron a un acuerdo de principio con la República Argentina para resolver las reclamaciones de deuda pendientes. Las partes acordaron suspender los procedimientos mientras se avanza hacia el cierre del acuerdo. Nuestros clientes mantienen su compromiso de lograr una resolución justa y definitiva en este asunto”, señaló Hranitzky en un comunicado.
El año pasado, los fondos lograron embargar alrededor de US$310 millones después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazara la apelación argentina. En dos instancias previas, el país había sido obligado a entregar títulos que funcionaban como garantía de pago de los bonos Brady, emitidos a principios de los años noventa. Cuando en 2023 Argentina terminó de cancelar esas obligaciones, las garantías quedaron liberadas y los fondos solicitaron de inmediato su embargo.
Se estima que los holdouts representan menos del 3% de los tenedores originales de deuda en default que decidieron no aceptar ninguno de los canjes ofrecidos y, en cambio, iniciaron acciones judiciales contra el Estado argentino.
“La Argentina acaba de anunciar que alcanzó un acuerdo con ambos acreedores que tenían sentencia a favor. A la luz de este desarrollo, las partes solicitaron a la jueza Preska suspender el litigio —incluyendo el pedido presentado por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante el cual buscaba la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y en Aerolíneas Argentinas— hasta que se finalice el acuerdo de conciliación”, explicó Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que Argentina enfrenta en el exterior.
El fin de una saga
En abril de 2016, a pocos meses de iniciada la gestión de Macri, el gobierno pagó US$9300 millones a un grupo de holdouts con deuda en default desde 2001. Para afrontar esos compromisos se emitieron los bonos Globales que, en 2020, el entonces ministro de Economía Martín Guzmán reestructuró junto con los títulos entregados en los canjes de 2005 y 2010.
Ese pago permitió que el fallecido juez Thomas Griesa levantara las cautelares que impedían al país abonarle al resto de los bonistas que sí habían ingresado a los canjes anteriores, y la Argentina salió así del default técnico en que se encontraba. Además, se firmaron nuevos acuerdos que eliminaron juicios en Nueva York, lo que elevó el monto total pagado a US$11.000 millones hacia 2019.
Sin embargo, quedó un pequeño remanente de holdouts que mantuvieron sus demandas contra el país: aquellos que no habían ingresado a los canjes de 2005 y 2010, ni aceptado la propuesta del gobierno de Macri.
Aunque la Argentina había logrado en los sucesivos canjes una aceptación superior al 95% de los tenedores de deuda en default, la persistencia de fondos buitre en los tribunales impulsó luego en el mundo financiero el uso de las cláusulas de acción colectiva (CAC). Este mecanismo establece que, si un país deudor obtiene la aceptación de una mayoría significativa en una oferta de canje, la propuesta se extiende automáticamente al 100% de los acreedores.
