El fiscal general de Venzuela, Tarek William Saab, presentó este miércoles su renuncia tras estar casi una década al frente del Ministerio Público. Era señalado por la oposición y organismos internacionales como uno de los colaboradores más estrechos de Nicolás Maduro y figuraba en el centro de constantes denuncias por la violación de derechos humanos.
Su salida, informada por la Asamblea Nacional, ocurre en un clima de extrema fragilidad institucional tras la captura del exmandatario por parte de fuerzas estadounidenses y el ascenso interino de Delcy Rodríguez, quien busca reconfigurar el gabinete para intentar estabilizar el país.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la renuncia de Saab y del defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. Ambos habían sido ratificados en sus cargos en octubre de 2024 para un período de siete años, es decir, hasta 2031.
Las renuncias fueron aceptadas durante la misma sesión en la que la Asamblea designó una comisión conformada por 13 diputados para que evalúen postulaciones y definan a los nuevos titulares de la Fiscalía y la Defensoría en un plazo de 30 días.
Sin embargo, la Asamblea nombró al propio Saab como Defensor del Pueblo encargado, y como fiscal eligió al abogado Larry Daniel Devoe Márquez, quien hasta ahora era secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.
Una medida que fue criticada por la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).
“Tarek William Saab desempeñó un papel destacado en la persecución sistemática de críticos y opositores en Venezuela. Su renuncia como fiscal general es prometedora, pero su designación como defensor del pueblo es una bofetada a las víctimas. Una reforma significativa requiere el nombramiento de un nuevo fiscal general que sea independiente, deje de perseguir a la disidencia y se comprometa a garantizar la liberación y amnistía de todos los presos políticos”, manifestó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW en diálogo con CNN.
Al frente del Ministerio Público, Saab desplegó una sistemática ofensiva judicial contra las voces disidentes, con los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González.
Además, organismos internacionales, entre ellos Human Rights Watch y Amnistía Internacional, documentaron detenciones arbitrarias, torturas y el uso del sistema penal como herramienta de represión, con al menos 18 muertes en custodia registradas durante su gestión, según consignó El Nacional.
Con información de AFP
