Así, sin anestesia ni vergüenza institucional. La escena parece escrita por un guionista borracho: un intendente investigado por presunta malversación decide que la mejor estrategia judicial no es ir a juicio, ni probar su inocencia, ni explicar nada… sino donar plata y dar por terminado el asunto, como quien rompe un jarrón y deja unos pesos sobre la mesa. Pero lo verdaderamente extraordinario no fue la idea —porque delirios políticos hay todos los días— sino que apareció el Concejo Deliberante convertido en una especie de tribunal exprés de autoindulto municipal. Sesión, votación, manos levantadas y listo, la justicia reemplazada por un “arreglemos entre nosotros”.
Una especie de Justicia delivery, “Hágalo usted mismo y evite el Poder Judicial”. La fiscal que denunció el asunto básicamente dijo lo que cualquiera pensaría: que los concejales no solo se pasaron de vivos, sino que intentaron jugar a ser jueces, fiscales y escribanos de impunidad todo en un mismo combo institucional. Es como si un árbitro cobrara penal, el equipo acusado votara en asamblea que no fue falta… y el partido siguiera como si nada. Mientras tanto, la defensa habla de persecución política, paz social y soluciones prácticas, es decir “no nos juzguen… dejennos arreglarlo entre nosotros y sin ruido”.
El problema es que la idea tiene un pequeño detalle técnico:
en democracia, la justicia no se negocia en cuotas ni se cancela con transferencia bancaria. Porque si ese sistema prosperara, mañana cualquier funcionario podría decir, “Sí, robé… pero traje facturas y una donación solidaria. ¿Estamos?”, Y listo.
Caso cerrado, conciencia limpia, instituciones demolidas. En Angaco, lo que está en discusión ya no es una causa penal, es algo mucho más peligroso, es la tentación eterna del poder de creer que la ley es apenas una sugerencia… sobre todo cuando hay mayoría para levantar la mano y enterrarla.
