NUEVA YORK.- Por lo menos 11 personas murieron en tres operaciones militares estadounidenses contra embarcaciones sospechadas de narcotráfico en el Pacífico oriental y el Caribe, informó el Comando Sur de Estados Unidos, en una ofensiva que reaviva el debate internacional sobre la legalidad de estas acciones.
Según el reporte oficial difundido por SOUTHCOM en una publicación en X, los ataques se realizaron ayer y provocaron “cuatro muertos en la primera embarcación en el Pacífico oriental, cuatro en la segunda y tres en la tercera en el Caribe”.
El anuncio incluyó videos de las operaciones, en los que se observan las lanchas alcanzadas por fuego militar, algunas de ellas aparentemente inmóviles en el momento del ataque.
Las autoridades estadounidenses sostienen que “los barcos transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico” en rutas entre Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, consideradas prioritarias dentro de la estrategia de seguridad regional. Sin embargo, el ejército no aportó pruebas de que las embarcaciones atacadas ayer estuvieran transportando drogas.
La serie de ataques realizada el lunes, uno de los días más letales de la campaña lanzada por Trump en 2025, elevó el número de fallecidos a por lo menos 145 personas desde que el gobierno comenzó a atacar, a principios de septiembre, a quienes denomina “narcoterroristas” en pequeñas embarcaciones.
Al igual que en la mayoría de los comunicados militares sobre los 42 ataques conocidos, el Comando Sur de Estados Unidos indicó que apuntó contra presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas.
Las operaciones forman parte de la campaña naval lanzada por Washington en 2025 contra lo que el gobierno describe como «narcoterrorismo» en el hemisferio occidental. Desde entonces, Estados Unidos ha realizado decenas de ataques contra barcos sospechosos, con más de un centenar de muertos en distintas acciones, según reportes oficiales y reconstrucciones de prensa.
El dispositivo incluye patrullas de la Marina, aeronaves de vigilancia, drones y coordinación con guardacostas regionales, con presencia tanto en el Caribe como en el Pacífico frente a Colombia, Ecuador y Centroamérica.
La estrategia representa una ampliación significativa del rol militar estadounidense en operaciones antidroga marítimas, que tradicionalmente estaban centradas en interdicción, captura y decomiso.
Las acciones generaron críticas de expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos, que cuestionan el uso de fuerza letal contra tripulaciones que no representan una amenaza inmediata para territorio estadounidense.
Especialistas advierten que estas operaciones podrían encuadrarse como ejecuciones extrajudiciales si no existe combate activo o riesgo directo, mientras la Casa Blanca sostiene que los ataques buscan destruir medios logísticos del narcotráfico.
Documentos legales internos del Pentágono han defendido previamente la legalidad de este tipo de ataques argumentando que el objetivo formal es neutralizar las embarcaciones, aunque la doctrina ha sido duramente criticada por juristas.
El presidente Donald Trump ha afirmado que Estados Unidos está en “conflicto armado” con los cárteles en América Latina y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de que está matando a “narcoterroristas”.
La ofensiva marítima se produce en un contexto de fuerte despliegue naval estadounidense en el Caribe y áreas adyacentes, donde Washington combina operaciones antidroga con acciones de presión geopolítica sobre gobiernos adversarios.
Analistas señalan que la presencia naval cumple también funciones de control de rutas energéticas, vigilancia migratoria y apoyo a operaciones de seguridad hemisférica.
El Comando Sur no informó las nacionalidades de las víctimas ni precisó si hubo sobrevivientes en los ataques más recientes.
Agencias ANSA y AP
