El Gobierno logró desescalar la tensión con Asunción por el uso de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la principal vía navegable por donde salen el 80 por ciento de las exportaciones argentinas. La Argentina reclamaba 30 millones de dólares que el país limítrofe no pagaba. El Ejecutivo habilitó una quita sensible de la deuda.
A principios de agosto Javier Milei firmó dos decretos que afectan el uso de la Hidrovía: devolvió el control a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y confirmó la licitación internacional y que seguirán los cobros de peaje.
Precisamente ese último ítem era el que estaba en discusión con Paraguay. Para el período comprendido entre el 15 de febrero del año pasado y el 31 de agosto de 2024 la tarifa establecida será de 0,80US$ por tonelada de carga. Desde el 1 de septiembre y el 28 de febrero el costo de la tasa retributiva será de 1,20US$. Los descuentos en cuestión solo se aplicarán si el pago se efectúa dentro de los 45 días de la emisión de la factura. El convenio fija que a su vez que las empresas que ya hayan abonado la totalidad de la tarifa que se mantiene desde 2023 serán beneficiadas con un crédito a su favor.
El acuerdo en el que trabajaron Cancillería, jefatura de Gabinete, la AGP y el ministerio de Economía, se vio plasmado en un Acta de Acuerdo firmada por la AGP, como concesionario del tramo argentino, la Cámara de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFYM), en representación de los armadores de Paraguay y la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP), en su carácter de asociación que aglutina a armadores y operadores privados de los cinco países de la Cuenca del Plata.
El acuerdo sincera el acercamiento de la administración de Javier Milei con la de Santiago Peña, que en el clímax de la discusión bilateral el año pasado sostuvo que no le compraría un auto usado a Sergio Massa, entonces ministro de Economía y candidato presidencial. «Por supuesto a Milei le compraría un auto usado«, señaló el mandatario paraguayo que visitó al argentino en Casa Rosada en febrero pasado y regresó al país en junio por los 30 años del atentado a la AMIA.
El Gobierno apura para fin del año que viene o principios el llamado a licitación para concesionar la vía fluvial por los próximos 25 años. «Hay solo seis jugadores en todo el mundo que están en condiciones de participar», señaló un funcionario del Ejecutivo. Mauricio Macri presta mucha atención a esos pliegos y a la administración actual de la AGP.
Tras el fin de la concesión a cargo del consorcio conformado por la empresa belga Jan De Null y la nacional Emepa, la Administración General de Puertos (AGP) quedó a cargo de la Hidrovía durante los últimos tres años.
El entonces interventor José Beni -que supo dar charlas en el Instituto Patria y que en el Gobierno definen como un especialista en el tema- se reconvirtió en asesor de la Sociedad del Estado que ahora lidera Gaston Benvenuto.
En marzo, el Gobierno firmó con el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos un acuerdo de intercambio de información, capacitación y cooperación en el manejo de uno de los cursos de agua más importantes del mundo. El flujo de drogas también preocupa y ocupa a Washington.
La administración estadounidense manifestó durante la gestión de Alberto Fernández su preocupación por la posibilidad de que un consorcio chino se quedara con el control de la estratégica vía. Así lo trasladaron a empresarios y sindicalistas los enviados de la misión del Fondo Monetario Internacional, cuyo principal acreedor sigue siendo la Argentina.
Milei no solo mira a Washington. Benvenuto también firmó un acuerdo con la administración de Nayib Bukele para intercambiar información acerca de la administración público-privada de los puertos.
En agosto, el Gobierno también disolvió el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable Troncal (Ecovina) de la Hidrovía, una macroestructura que le había dado poder a las provincias que bordean el curso de agua y que jamás funcionó.
