La reforma laboral que deberá tratar la Cámara de Diputados incorpora finalmente el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), también denominado “mini RIGI”, una iniciativa que el oficialismo había anticipado hace más de un año.
En noviembre de 2024, el exsecretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, Juan Pazo, anunció durante la 30° Cumbre de la Unión Industrial Argentina (UIA) que el Gobierno enviaría al Congreso un proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo. El objetivo era facilitar el crecimiento de empresas —en especial pymes—, potenciar las exportaciones industriales, formalizar el empleo e impulsar cambios en materia laboral.
Según explicó entonces Pazo, el nuevo esquema complementaría el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y estaría orientado a proyectos de escala intermedia, adaptados a la capacidad de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
Amortización acelerada y devolución anticipada de IVA
De acuerdo con el texto incorporado a la reforma laboral, el RIMI contempla dos beneficios centrales: la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias para bienes vinculados a proyectos productivos y la posibilidad de utilizar certificados de crédito fiscal por devolución de IVA a partir de los tres meses.
El régimen apunta a estimular inversiones de empresas locales o extranjeras que oscilen entre US$150.000 —en el caso de microempresas— y US$9 millones, mediante incentivos tributarios.
La amortización acelerada permite incrementar el valor actual computable del gasto de inversión. En términos prácticos, esto reduce la base imponible de Ganancias en los primeros años del proyecto, disminuyendo el monto a pagar en esa etapa y difiriendo parte de la carga fiscal hacia ejercicios posteriores. El efecto financiero es una mejora en los flujos de caja iniciales y, por lo tanto, en la rentabilidad del capital invertido.
El impacto estimado
Un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) evaluó el efecto de la medida para obras civiles destinadas a actividades productivas. Bajo un supuesto de inversión de 100, tasa de descuento anual del 10% y vida útil de 50 años, el valor actual computable del gasto asciende a 19,83 en el esquema vigente.
Si se aplica la amortización acelerada prevista en el proyecto —que reduce en 40% la vida útil—, el valor actual computable se eleva a 31,42. Esto implica un incremento del 58,5% respecto del régimen sin incentivo, con impacto directo en una menor carga inicial de Ganancias y una mayor rentabilidad del proyecto.
El estudio señala que el efecto varía según el tipo de inversión. En obras civiles el incremento del valor actual neto (VAN) sería del 58,5%; en equipos de riego y malla antigranizo, del 48%; y en bienes muebles, del 41%. Si bien la magnitud concreta dependerá del perfil de cada empresa y de su costo de oportunidad, el sentido del impacto sería similar.
Reducción de plazos para la devolución del IVA
El proyecto también propone un estímulo indirecto mediante la devolución más rápida de créditos fiscales de IVA generados por inversiones productivas. En la actualidad, el reintegro puede solicitarse luego de seis períodos fiscales mensuales. El nuevo régimen reduciría ese plazo a tres meses.
De aprobarse, la medida implicaría una reducción del 50% en el tiempo de recuperación del crédito fiscal, lo que mejoraría la rentabilidad financiera de los proyectos, al acortar el período de inmovilización de capital. No obstante, el impacto agregado dependerá de la magnitud y características de las inversiones que efectivamente se concreten bajo el régimen.
