SAN PABLO.– En un operativo que sacudió a la opinión pública brasileña y tuvo repercusión internacional, la Policía Civil de San Pablo desarticuló una red de explotación sexual infantil que, según los investigadores, operaba en la clandestinidad desde hacía casi una década. El principal acusado es Sérgio Antonio Lopes, un piloto de 60 años de la aerolínea Latam, detenido el lunes bajo sospecha de liderar una estructura criminal dedicada al abuso de menores y a la producción y circulación de material pornográfico.
La escena de su arresto resultó tan impactante como los cargos que enfrenta. Lopes ya se encontraba en la cabina de un avión, listo para comandar el vuelo LA3900 con destino al aeropuerto Santos Dumont, en Río de Janeiro, cuando agentes policiales interceptaron la aeronave en pleno procedimiento de embarque en el aeropuerto de Congonhas. Pasajeros y tripulación fueron sorprendidos por la presencia de los efectivos, que retiraron al piloto antes del despegue.
La compañía informó que, pese al operativo, el vuelo pudo realizarse con normalidad tras la remoción del comandante.
La investigación formal había comenzado en octubre de 2025 y, según fuentes policiales, permitió reconstruir el funcionamiento de una organización con roles definidos y actividad sostenida en el tiempo. Junto con Lopes fue detenida una mujer de 55 años, señalada como la encargada de captar a las víctimas.
De acuerdo con la Policía Civil, la mujer entregaba a sus propias nietas —de 10, 12 y 14 años— al piloto a cambio de beneficios económicos. El esquema combinaba encuentros presenciales en moteles, donde el acusado habría utilizado documentos falsos para registrar a las menores, y el envío de material audiovisual a través de aplicaciones de mensajería.
Según la pesquisa, Lopes mantenía contacto con los responsables de los menores mediante WhatsApp, donde recibía imágenes y videos. Por ese material realizaba transferencias a través del sistema Pix, con montos que oscilaban entre 50 y 100 reales por imagen.
Pero los pagos no se limitaban a transferencias electrónicas. Siempre según la acusación, el piloto también financiaba alquileres, compraba medicamentos e incluso adquiría electrodomésticos —como televisores— para las familias involucradas, a cambio de permitir los abusos. Para los investigadores, se trataba de una red que operaba bajo una lógica de intercambio económico sistemático.
Hasta el momento, la policía identificó al menos diez víctimas, principalmente del estado de San Pablo, aunque no descarta que haya menores afectados en otras regiones del país. Las edades confirmadas se ubican entre los 11 y los 15 años.
Lopes y su presunta cómplice enfrentan una amplia lista de cargos que incluyen violación de persona vulnerable, favorecimiento de la prostitución, explotación sexual de menores, almacenamiento y difusión de pornografía infantil, uso de documentos falsos y coacción.
La delegada Luciana Peixoto, de la Delegación de Represión a la Pedofilia, afirmó que el piloto habría confesado los delitos con una “naturalidad” que sorprendió a los investigadores. “Como cometía estos hechos desde hacía muchos años, terminó por normalizarlos”, explicó la funcionaria en declaraciones a la prensa local.
El operativo contó con la participación de 32 agentes y 14 patrullas. Se realizaron ocho allanamientos en San Pablo y Guararema, donde se incautaron teléfonos celulares y material digital que ahora es sometido a peritajes técnicos.
En un comunicado, Latam expresó su “total repudio a cualquier acción criminal”, informó que abrió una investigación interna y aseguró que colabora activamente con las autoridades judiciales.
La causa continúa abierta y los investigadores no descartan nuevas detenciones a medida que avance el análisis del material incautado. Mientras tanto, la detención de un piloto en funciones, arrestado minutos antes de despegar en uno de los aeropuertos más transitados de Brasil, convirtió el caso en uno de los episodios judiciales más impactantes del año en el país.
Con información de O Globo
