ESTRASBURGO. – El Parlamento Europeo adoptó definitivamente este martes dos textos clave para endurecer la política migratoria del continente, gracias a una alianza entre la derecha y la extrema derecha.
La nueva legislación permitirá que los Estados miembros de la Unión Europea (UE) devuelvan a solicitantes de asilo a países de los que no son originarios, pero que Europa considera “seguros”.
El texto, que requiere la aprobación formal definitiva de los 27 gobiernos miembros de la UE, supone un endurecimiento de la política migratoria del bloque que ha tomado forma desde la llegada de más de un millón de refugiados y migrantes en 2015-2016.
Esta idea ya está siendo probada por la primera ministra italiana Giorgia Meloni con centros en Albania, aunque hasta ahora se topó con obstáculos jurídicos.
La medida suscitó duras críticas de grupos humanitarios y legisladores de otras corrientes, quienes advirtieron que podría dar lugar a violaciones de los derechos humanos y a una disminución de los derechos de asilo establecidos en la convención de 1951, que prohíbe la devolución de los solicitantes de asilo a países en los que podrían correr riesgo.
Es “un paso más en la deshumanización de la política migratoria de la Unión Europea”, lamentó la eurodiputada ecologista Mélissa Camara, y denunció que la dignidad de los solicitantes de asilo está siendo “pisoteada”. La Comisión Europea rechaza estas críticas y asegura que los países a los que se enviará a estos migrantes deberán respetar los derechos fundamentales.
Los legisladores también acordaron un reglamento para establecer normas a escala de la UE sobre el retorno de los migrantes, incluidas las obligaciones de quienes reciben órdenes de retorno por primera vez.
Los migrantes que no abandonen voluntariamente el territorio podrían enfrentarse a penas de prisión por falta de cooperación, según las nuevas normas, que también permitirán a los países de la UE crear “centros de retorno” fuera del bloque, como los establecidos por Italia en Albania.
Otra medida destacada contenida en los textos aprobados es la creación de una lista de países que la UE considera “seguros”, lo que en la práctica limita las posibilidades de asilo para sus ciudadanos. La idea de esta lista, que incluye a Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egipto, la India, Marruecos y Túnez, es acelerar el tratamiento de sus solicitudes y eventualmente agilizar su repatriación.
“Los ciudadanos esperan que cumplamos nuestras promesas en materia de política migratoria, y es exactamente lo que estamos haciendo», celebró la eurodiputada conservadora Lena Düpont. La disminución de las llegadas en 2025 –alrededor de 25% menos de entradas irregulares en comparación con el año anterior– no redujo la presión sobre los responsables políticos del Viejo Continente.
Los cambios se derivan de un conjunto de normas y procesos de la UE para conocido como Pacto de Migración, aprobado en 2023, pero cuya plena aplicación no está prevista hasta junio de 2026.
La retórica antiinmigración ha aumentado en toda la UE desde que más de un millón de personas, principalmente de Siria, llegaron a través del Mediterráneo en 2015.
Ese sentimiento ha impulsado el apoyo público a los partidos nacionalistas de derecha, lo que ha llevado a los gobiernos a adoptar políticas migratorias cada vez más restrictivas centradas en los retornos.
Agencias AFP y Reuters
