TEXAS.– El video de la comparecencia virtual de Ghislaine Maxwell ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, difundido este martes, dejó una imagen precisa de su estrategia de defensa: sentada frente a la cámara desde una prisión federal en Texas, la exsocia de Jeffrey Epstein se negó a responder las preguntas de los legisladores y apeló de manera sistemática a la Quinta Enmienda para evitar testificar.
Las imágenes, publicadas oficialmente tras la audiencia realizada el lunes a puertas cerradas, comenzaron a circular con rapidez en redes sociales. En ellas se ve a Maxwell con una actitud rígida y distante frente a los miembros del comité, que indagan los vínculos del fallecido financista con figuras poderosas, en un contexto marcado por la reciente apertura de millones de documentos del expediente Epstein.
A lo largo de la grabación, Maxwell invoca una y otra vez su derecho constitucional a no autoincriminarse. Esa negativa reiterada fue calificada por varios legisladores como “robótica” y “totalmente carente de remordimiento”, en contraste con la gravedad de los delitos por los que fue condenada. La exsocia de Epstein cumple actualmente una pena de 20 años de prisión por tráfico sexual de menores.
El presidente del comité, James Comer, expresó públicamente su frustración por la falta de cooperación. Sin embargo, el hermetismo de la acusada fue interpretado como parte de una estrategia deliberada de su defensa, que aprovechó la visibilidad de la audiencia para instalar un mensaje político de alto impacto.
Horas después de que el video se hiciera público, el abogado de Maxwell, David Oscar Markus, declaró ante la prensa que su clienta estaría dispuesta a declarar “con total honestidad” si el presidente Donald Trump le concediera clemencia o un indulto. Según sostuvo, Maxwell posee información que podría exonerar tanto a Trump como al expresidente Bill Clinton de cualquier irregularidad vinculada a su relación con Epstein.
La propuesta de una suerte de “verdad a cambio de libertad” generó un rechazo inmediato y transversal en el Capitolio. Legisladores demócratas la calificaron como una maniobra mediática para presionar por un perdón presidencial, mientras que figuras del Partido Republicano, como la representante Anna Paulina Luna, exigieron que Maxwell cumpla la totalidad de su condena y la describieron como una “monstruo” en comunicados oficiales.
La tensión política se profundizó con la divulgación de más de tres millones de documentos del Departamento de Justicia (DOJ), ordenada tras la aprobación de una ley de transparencia que obligó a su publicación. La apertura de esos archivos, muchos de ellos sin censura, reforzó el clima de presión sobre el Congreso y el Ejecutivo.
En una sala de lectura bajo estrictas condiciones de seguridad, legisladores como Thomas Massie y Ro Khanna revisaron el material. Massie afirmó que, tras analizar los documentos completos, identificó a seis hombres que podrían enfrentar cargos penales por su presunta implicación en la red de abusos. Según dijo, sus nombres aparecen asociados a una lista fotográfica similar a fichas policiales.
Khanna, por su parte, denunció posibles violaciones a la ley de transparencia, al advertir la presencia de tachaduras en correos electrónicos que describen episodios explícitos. Entre ellos, mencionó mensajes que aluden a la llegada de una víctima brasileña de nueve años, cuyos remitentes permanecen ocultos.
Las derivaciones del caso alcanzaron también a las altas esferas del poder económico. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, enfrenta pedidos de renuncia tras la aparición de registros que indicarían su intención de visitar la isla privada de Epstein en 2012, un dato que contradice declaraciones previas en las que aseguraba haber cortado todo vínculo con el financista en 2005.
Los documentos difundidos también describen el rol estratégico que habría desempeñado Maxwell en el respaldo a la creación de la Clinton Global Initiative, uno de los proyectos emblemáticos de Bill Clinton tras dejar la Casa Blanca, lo que volvió a colocar al expresidente en el centro del debate político.
En paralelo, la familia de Virginia Giuffre, una de las víctimas más conocidas del caso, envió una carta pública a Maxwell para recordarle que su papel no fue el de una observadora pasiva, sino el de una “actriz central y deliberada” dentro de un sistema criminal orientado al reclutamiento y abuso de niñas.
La investigación entra ahora en una nueva etapa, con la próxima comparecencia de Bill y Hillary Clinton, quienes aceptaron declarar ante cámaras a fines de este mes, luego de que Comer advirtiera sobre la posibilidad de cargos por desacato al Congreso.
El caso Epstein avanza así en una fase decisiva, en la que el video del silencio de Maxwell se convirtió en una pieza clave de una trama más amplia que el Congreso intenta reconstruir documento por documento, en busca de responsabilidades y justicia.
Agencias AP, AFP y diario The New York Times
