La generación de empleo depende de muchos factores y no se resuelve solo con una ley. Es imprescindible comenzar por un marco normativo previsible, que siente las bases para revertir más de quince años sin creación sostenida de empleo formal.
La industria cambió. El trabajo cambió. La tecnología, los procesos productivos y la organización del empleo evolucionaron de manera profunda. Estamos frente a una nueva revolución tecnológica con la incorporación de la inteligencia artificial. Sin embargo, una parte relevante del marco normativo laboral sigue respondiendo a una realidad que ya no existe. Esa brecha entre el mundo productivo real y la regulación es uno de los principales desafíos que hoy enfrenta el empleo privado formal en Argentina.
Esta actualización de la normativa es indispensable para que contratar no sea sinónimo de incertidumbre, conflicto y litigiosidad.
Uno de los núcleos que esta modernización aborda es la litigiosidad laboral, especialmente en el sistema de riesgos del trabajo.
Los datos son elocuentes. En los últimos años, la siniestralidad laboral cayó más de un 70%, producto de mayor inversión en prevención, mejores procesos y más tecnología. Sin embargo, subieron en un 80% los juicios laborales.
Hoy existen más de 300.000 juicios en curso dentro del sistema de riesgos del trabajo. La tasa de judicialización alcanza los 114 juicios cada 10.000 trabajadores, frente a apenas seis en países con niveles de siniestralidad similares como Chile. Si se observa el total, Argentina se acerca a los 640.000 juicios laborales, una cifra equivalente a más del 10% del empleo registrado.
Esto no es solo un problema jurídico: es una distorsión económica que genera incertidumbre, costos imprevisibles y desalienta la contratación, especialmente en las PyMEs. Cuando contratar se percibe como un riesgo desproporcionado, el resultado es menos inversión, menos formalidad y menos oportunidades.
Actualizar convenios colectivos que hoy quedaron desfasados —muchos de ellos pensados para una realidad productiva de hace 50 o 60 años— y fortalecer la negociación es una condición necesaria para generar más empleo formal y mejorar la competitividad.
El trabajo ya no se organiza como antes. Desde la creación de los convenios colectivos al día de hoy, cambiaron la tecnología, los procesos, los roles y las formas de producir, y las reglas deben acompañar esa transformación. Una negociación colectiva moderna no es más que una herramienta dinámica que permitiría acordar condiciones adaptadas a la realidad de cada sector y de cada empresa, promoviendo la productividad, la capacitación y la innovación, sin resignar derechos.
Es un error creer que mantener reglas obsoletas protege el trabajo.
El empleo formal, además de un salario, son derechos concretos y verificables: aportes jubilatorios, cobertura de salud, ART, capacitación, historial laboral, acceso al crédito y previsión futura. Es integración social y es movilidad ascendente.
Cuando el empleo formal no crece, esos derechos no desaparecen en los papeles: desaparecen en la vida real. Y esa es una de las grandes paradojas del mercado laboral argentino. Cuando una normativa, como la actual, deja afuera – sin derechos- a casi el 40% de los trabajadores, es evidente que algo no está funcionando como debería.
Sin empleo privado registrado en escala no hay inclusión real, no hay movilidad social sostenible y no hay desarrollo posible. Por eso, discutir la normativa laboral no es un debate sectorial: es un debate social y productivo.
La industria argentina, como sector transable, compite todos los días con el mundo. Y esto nos exige producir con estándares globales de calidad, costos y eficiencia.
Para producir mejor, para competir, es indispensable eliminar las distorsiones que hoy encarecen, rigidizan y limitan la capacidad de nuestras empresas.
Entre esas distorsiones se encuentra una normativa laboral que no acompaña la dinámica actual de los procesos productivos. La superposición de normas, la falta de criterios claros y de actualización generan costos que se traducen en menor competitividad.
No existe una industria viable, integrada y sostenible sin un marco laboral que permita adaptarse, invertir, reconvertirse y competir. Defender la industria nacional hoy implica también modernizar las reglas que la rigen.
Estamos ante un puntapié inicial. Un verdadero proceso continuo, un “libro abierto”, que permita seguir mejorando la normativa laboral de manera gradual, responsable y consensuada.
El mundo del trabajo va a seguir cambiando. La industria va a seguir transformándose. Lo importante es contar con instituciones capaces de adaptarse sin conflictos permanentes.
Lejos de renunciar a derechos, actualizar las reglas es garantizar que esos derechos puedan existir en la realidad. Y para eso, el empleo privado formal —y especialmente el industrial— es insustituible.
El sector productivo está comprometido con el desarrollo económico y social. El país necesita que todos los actores del sistema acompañemos esta iniciativa.
