Costa Rica vivió este domingo 1° de febrero una jornada electoral decisiva que puso en el centro del debate el futuro de su tradicional estabilidad democrática. Unos 3,7 millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a su próximo presidente y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa.
La nación, reconocida por su pacifismo y libertades civiles, optó por un cambio radical en su enfoque de seguridad, en respuesta a una creciente crisis de violencia ligada al narcotráfico. Los resultados, con más del 94% de las mesas escrutadas, confirmaron la victoria de una candidata que ha generado tanto expectativas como profundas preocupaciones por su propuesta de replicar el controvertido modelo Bukele, en línea con las medidas que tomó el mandatario de El Salvador.
La candidata oficialista Laura Fernández, de derecha, ganó con un 48,3% de los votos. Álvaro Ramos, de centroizquierda, obtuvo el 33,4% y reconoció su derrota. Fernández se convierte en la segunda mujer en gobernar el país, tras Laura Chinchilla en 2010. Con este resultado, la nueva mandataria costarricense también contará con mayoría en la Asamblea Legislativa.
Fernández es la heredera política de Rodrigo Chaves, el presidente actual de Costa Rica, y cuenta con su respaldo. Chaves mantiene alta popularidad con un estilo personalista y confrontativo, con el cual culpa al Poder Judicial y al Congreso por la impunidad criminal, una visión que Fernández comparte.
Este domingo, la politóloga de 39 años y heredera política del presidente Rodrigo Chaves aseguró en su primer discurso tras ganar las elecciones que “nunca” permitirá el “autoritarismo” en su gobierno.
“Costa Rica ha votado y ha votado por la continuidad del cambio, un cambio que sólo busca rescatar y perfeccionar nuestras instituciones democráticas y devolverlas a ustedes, al pueblo soberano, para crear mayor bienestar y prosperidad a nuestro pueblo”, afirmó Fernández. “El mandato que me da el pueblo soberano es claro: el cambio será profundo e irreversible”, agregó.
Antes, Ramos había reconocido la derrota y había prometido ofrecer una “oposición constructiva”, aunque advirtió que no dejaría hacer al gobierno sin discrepancia. “En democracia se vale disentir, se vale criticar”, dijo.
Fernández basó su campaña en la emulación directa del modelo de seguridad de Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Su promesa central es una línea dura sin precedentes contra el crimen organizado y el narcotráfico, lo que busca transformar la estrategia de seguridad nacional.
En ese sentido, durante su campaña electoral planeó concluir la construcción de una megacárcel de máxima seguridad, inspirada en medidas similares que tomó Bukele. Se llamará Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco) y contará con una capacidad para 5100 reclusos. También propone implementar estados de excepción en zonas conflictivas y un aumento sustancial de las penas para delitos relacionados. Para el oficialismo, las garantías individuales son obstáculos que impiden el control del narcotráfico.
La justificación de este cambio radical en la política de Costa Rica es una grave crisis de seguridad. El país registra una tasa récord de 17 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una consecuencia directa del narcotráfico. Se convirtió en un centro logístico clave para la exportación de drogas, con la aparición de organizaciones como el Cartel del Caribe Sur.
A pesar de que la pobreza bajó al 15,2% recientemente, la desigualdad y el alto costo de vida alimentan el descontento social. Esta insatisfacción permitió que el populismo autoritario gane terreno en una de las democracias más longevas del mundo.
En ese sentido, el triunfo de Fernández afianza a la derecha en América Latina, tras las victorias en Chile, Bolivia y Honduras. La elección marca una tendencia que ganó terreno debido a la insatisfacción social, la desigualdad y el alto costo de vida. La figura de Fernández representa un quiebre profundo con los valores históricos del país.
Desde la oposición y analistas, existe temor al autoritarismo. Oscar Arias, quien ganó el premio Nobel de la Paz, afirmó que está en juego la supervivencia de la democracia. En tanto, rivales denuncian que Fernández busca desmantelar los contrapesos del Estado.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
