La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes una propuesta de “ley de amnistía” para cientos de presos políticos en el país y afirmó que el centro de detención El Helicoide, denunciado desde hace tiempo por organizaciones de derechos humanos como escenario de continuos abusos contra los presos, se convertirá en un centro deportivo y de servicios sociales.
El Helicoide, diseñado en la década de 1950 como un gigantesco y lujoso centro comercial con un hotel, helipuerto y cientos de tiendas que nunca abrió sus puertas, es objeto de denuncias desde hace años por parte de organizaciones no gubernamentales locales e internacionales -entre ellas Amnistía Internacional- de que en su interior se violan derechos humanos.
Ubicado en el centro-sur de Caracas, el edificio se construyó sobre una colina. La estructura ocupaba una superficie cercana a los sesenta mil metros cuadrados y apostaba por tecnología de punta para la época: sistemas de ventilación integrados, iluminación artificial calculada para acompañar el movimiento y ascensores importados de Viena, símbolo de precisión y modernidad. Todo estaba diseñado para que el edificio funcionara como una máquina eficiente, acorde a la idea de progreso que dominaba esos años.
La construcción estuvo a cargo de los arquitectos Jorge Romero Gutiérrez, Pedro Neuberger y Dirk Bornhorst, y fue impulsado durante el gobierno del dictador Marcos Pérez Jiménez como parte de un plan más amplio de transformación urbana. El proyecto aspiraba a contener una ciudad entera. Más de 300 locales comerciales, restaurantes, oficinas, salas de espectáculos y de exposiciones. También un hotel cinco estrellas, un gimnasio, un parque infantil, estudios de radio y televisión. Estacionamientos integrados para no descender del vehículo, servicios pensados para permanecer dentro.
Después de que la empresa constructora quebrara, el financiamiento se interrumpió y las obras se paralizaron. En medio de cambios políticos y económicos, El Helicoide permaneció incompleto. Con el paso de los años, el Estado comenzó a ocupar el complejo con oficinas administrativas, dependencias dispersas y depósitos.
En 1982 se convirtió en la sede del organismo de seguridad del gobierno venezolano, hoy conocido como “el SEBIN”, por Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Por décadas alojó a presos políticos y es conocido como el peor lugar donde estar en Venezuela. Los organismos de Derechos Humanos lo describen como un gran centro de torturas.
Además, quienes estuvieron allí (los que sobrevivieron) relatan prácticas como el uso de picanas, “bolseo” (asfixia con una bolsa plástica) y simulacros de fusilamiento.
La última visita de la CIDH al país data de 2002; desde entonces han sido rechazadas dos peticiones para poder documentar lo que ocurre en el país en la delicada materia de la que se ocupa.
