Sobre el fin de enero, el Gobierno oficializó los nuevos precios de servicios públicos para febrero. La Secretaría de Energía anunció que el gas aumentará 16,86% en promedio a nivel nacional y la electricidad, 3,59% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El incremento del gas sobresale entre estos números. La Secretaría de Energía calculó que, en promedio, el impacto en la tarifa oscilará entre un aumento de $960 hasta $11.300 entre los distintos tipos de usuarios, ya sea por su consumo o por la zona geográfica en la que se encuentren.
“Para las primeras cuatro categorías Residenciales (70% del total de usuarios de gas a nivel país), los aumentos se ubican, en promedio, entre los $960 y los $6.400. Para el resto de las categorías residenciales con mayores consumos (30% del total), los incrementos van de los $ 2.900 a $ 11.300, en promedio”, sostuvo la cartera a cargo de María Tettamanti.
Una mirada más detallada sobre los distintos grupos de usuarios comienza a reflejar realidades diferentes. Por ejemplo, según fuentes oficiales, la categoría residencial más numerosa (R1), que representa el 42% del total de consumidores, “tendrá aumentos de $3.000 o menos”. En consecuencia, afirmaron que “aproximadamente uno de cada cinco usuarios tendrá un aumento menor a $1.000″.
Ante los aumentos recientemente anunciados, el Gobierno esgrimió que existen cinco causas detrás de las actualizaciones de tarifas, que coincidieron y formaron una suerte de combo perfecto para impulsar el precio de las facturas. La primera de ellas corresponde a la “cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria”. Cada cinco años, las prestadoras del servicio deben presentar un plan de inversiones que se sustenta en base a la tarifa, cuyos movimientos se distribuyen en distintas cuotas.
La segunda causa hace referencia al “aumento mensual por fórmula” para evitar atrasos. Dicho cálculo considera la evolución de la inflación, más precisamente a los índices de Precios al Consumidor (IPC) y a los Mayoristas (IPIM), medidos por el Indec. Según una fuente del sector consultada por LA NACION, si sólo se hubiera tenido cuenta este motivo y la revisión quinquenal, el aumento promedio hubiera promediado el dos por ciento.
Sumado a esto, la Secretaría de Energía explicó que la aplicación del “nuevo esquema de subsidios SEF” también traccionó en las subas de febrero, sin embargo, en el caso del gas, su precio “unificado/fijo”, tal cual expresaron, “genera un salto en febrero por única vez, pero en un mes de muy bajo consumo”.
Fuentes oficiales agregaron que esta estrategia “busca darle previsibilidad al usuario para que en los meses donde más necesita consumir gas (invierno) no se le dispare el precio”. En consecuencia, el Gobierno intenta evitar “sobresaltos estacionales”. Esto último significa: en verano pagar poco y en invierno, recibir facturas muy elevadas.
La composición de la factura de gas resulta importante para comprender el alcance de la nueva estrategia del Gobierno. La tarifa contempla tres componentes: la distribución, el transporte y el costo del gas propiamente dicho. Este último suele oscilar demasiado porque el consumo durante el verano es menor al del invierno. “El PAU (precio anual unificado) busca evitar ese salto”, indicó una fuente del sector consultada por LA NACION.
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