La Justicia de San Juan dictó este miércoles una sentencia que generó sorpresa y debate: José Antonio Ayala y Micaela Aballay Rodríguez, quienes habían reconocido haber secuestrado a sus cuatro hijos, fueron condenados pero quedaron en libertad bajo condiciones.
El caso había conmocionado a la provincia desde el pasado 21 de enero, cuando los padres, a pesar de tener una prohibición judicial de acercarse a los menores, irrumpieron violentamente en el domicilio de una familiar donde los niños –de entre 4 y 8 años– estaban bajo guarda legal.
Secuestro y búsqueda
El hecho ocurrió en Santa Lucía, en una vivienda donde los cuatro hermanos –dos mellizos de 4 años, uno de 5 y otro de 8– se encontraban bajo el cuidado de una tía y la abuela. Los padres, pese a la orden judicial que les impedía tener contacto con los niños, ingresaron al inmueble y los retiraron por la fuerza amenazando con un arma blanca.
Ese accionar disparó una búsqueda intensa por parte de la Policía y la Justicia, que incluyó un operativo cerrojo en rutas y controles viales para evitar que los menores salieran de la provincia.
Al día siguiente, los cuatro niños aparecieron sanos y salvos en la casa de una hermana de la madre, tras lo cual fueron puestos bajo resguardo judicial.
Condena y condiciones
En la audiencia de formalización, los padres admitieron su culpabilidad y aceptaron un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía, en el que fueron imputados por varios delitos, entre ellos:
- Privación ilegítima de la libertad
- Amenazas agravadas por el uso de arma blanca
- Desobediencia de una orden judicial
- Violación de domicilio (particularmente en el caso del padre)
La jueza Ana Carolina Parra les impuso una pena de dos años de prisión condicional, lo que significa que no irán a la cárcel de inmediato, siempre y cuando cumplan con una serie de condiciones.
Entre las medidas establecidas figuran:
- Prohibición de acercarse a los cuatro niños y a sus familiares por un radio de 300 metros.
- Prohibición de tener cualquier tipo de contacto con los menores durante los próximos dos años (que será evaluada también por el juez de Familia).
Estas restricciones forman parte del régimen de cumplimiento de la pena condicional, y su incumplimiento podría derivar en la ejecución efectiva de la pena de prisión.
Debate y contexto
El caso despertó posiciones encontradas. Para las autoridades judiciales y de protección de la niñez, el acuerdo y las condiciones buscan garantizar la protección de los menores y el cumplimiento de las normas, evitando un castigo desproporcionado en un procedimiento abreviado.
Por otro lado, la comunidad y sectores de la opinión pública cuestionan que un delito tan serio –el secuestro de menores por parte de sus propios padres, en violación de una orden judicial– no implique pena de cárcel efectiva desde el inicio.
La defensa, según declaraciones a la prensa, aseguró que los padres actuaron “para proteger a los niños” y negó que hubiera violencia extrema contra los menores, aunque esta versión es objeto de investigación y será analizada durante el seguimiento del caso.
