Apenas un mes después de su primera jura como presidente en 2017, en un posteo en las redes sociales Donald Trump dijo que los medios de prensa “son enemigos del pueblo norteamericano”. Desde entonces, tanto a título personal como en su condición de presidente, atacó a los medios y a los periodistas que le desagradan.
Nueve años y varias elecciones después, Trump y su gobierno pasaron de las palabras a los hechos, para alarma de las asociaciones de defensa de la libertad de expresión. Desde que el Pentágono introdujo una nueva política de comunicación que esas asociaciones consideraron restrictiva, los periodistas prefirieron abandonar masivamente sus puestos en vez de acatarla, y el Departamento de Defensa aprovechó para llenar esos puestos con representantes de medios afines, en su mayoría de derecha. Trump y sus aliados en el gobierno también amenazaron con retirar las licencias de transmisión a los medios de comunicación que consideran opositores.
Hace poco más de una semana, el FBI ejecutó una orden de allanamiento en el domicilio de una periodista del Washington Post, una medida que en las redacciones y asociaciones de defensa de la libertad de prensa condenaron como una amenaza a los derechos de los periodistas, amparados por la Primera Enmienda, y un amedrentamiento para sus fuentes confidenciales.
Pero a título personal, tanto antes como después de ser elegido para un segundo mandato, Trump también recurrió a la Justicia para ir contra los medios de comunicación, con una oleada de demandas donde alega que las empresas de medios lo difamaron y dañaron su reputación. Dos de las primeras demandas fueron contra ABC y CBS y se resolvieron con un acuerdo de compensación de millones de dólares en momentos en que las empresas matrices de esos medios buscaban la aprobación de los reguladores para realizar ciertas transacciones. Otras de esas causas siguen en curso y algunas fueron desestimadas.
Las empresas matrices de ABC y CBS —Disney y Paramount Skydance, respectivamente—no respondieron a las solicitudes de comentarios. The Washington Post también fue demandado por la empresa de redes sociales de Trump, Trump Media & Technology Group, propietaria de Truth Social. La causa está en trámite ante un tribunal federal de Florida.
A continuación, un resumen de la situación actual de las demandas de Trump contra empresas de medios.
En marzo de 2024, tras una entrevista en la que el presentador George Stephanopoulos alegó erróneamente que Trump había sido declarado “culpable de violación”, Trump demandó por difamación a la cadena ABC. El periodista se refería a que un jurado federal de Manhattan lo había declarado responsable de abuso sexual en el caso de E. Jean Carroll, quien en 2019 afirmó y acusó públicamente a Trump de haberla violado en el probador de un local de ropa a mediados de la década de 1990.
En mayo de 2023, dicho jurado otorgó a Carroll una indemnización de 5 millones de dólares por abuso sexual y difamación, pero no declaró específicamente a Trump “culpable” de violación: en su veredicto, ante la pregunta de si “el Sr. Trump violó a la Sra. Carroll”, el jurado respondió “no”. En julio de 2023, un juez rechazó la solicitud de un nuevo juicio presentada por los abogados de Trump con el argumento de que la indemnización de 5 millones de dólares por abuso sexual era excesiva, ya que el abuso sexual podía incluso limitarse a tocar los senos de la víctima.
“La conclusión de que la Sra. Carroll no demostró que fue ‘violada’ en el sentido de la Ley Penal de Nueva York, no significa que no demostrara que el Sr. Trump la ‘violó’ en el sentido común de la palabra ‘violación’”, escribió el juez Lewis A. Kaplan. “De hecho, como lo demuestran las pruebas presentadas en el juicio, el jurado concluyó que el Sr. Trump, de hecho, hizo exactamente eso”. Trump continúa apelando ambas sentencias.
Los juristas estaban divididos sobre el fundamento de la demanda de Trump contra ABC. Stephanopoulos había sido inexacto, pero las demandas por difamación presentadas por figuras públicas exigen probar que hubo “malicia real”, un requisito muy exigente que va más allá de la negligencia o la mala voluntad. En diciembre de 2024, un mes después de la reelección de Trump, la ABC resolvió el caso acordando pagar una “contribución benéfica” de 15 millones de dólares a la futura biblioteca presidencial de Trump, cubriendo un millón de dólares en honorarios legales y con una declaración de arrepentimiento en el mismo segmento noticioso.
El acuerdo llegó pocas semanas antes de que Disney, empresa matriz de ABC, anunciara la adquisición del servicio de streaming deportivo Fubo, en un acuerdo que pretendía crear un rival para YouTube TV y que requería aprobación de los entes reguladores. El Departamento de Justicia aprobó el acuerdo en octubre. Disney también está a la espera de la aprobación del gobierno para un acuerdo que permitiría que su filial ESPN adquiera NFL Network. Disney no respondió a una solicitud de comentarios.
En octubre de 2024, Trump demandó a CBS alegando que el programa de noticias insignia de la cadena, “60 Minutos”, había editado “engañosamente” una entrevista con Kamala Harris con la intención de “engañar al público e inclinar la balanza” de las próximas elecciones a favor de la entonces candidata demócrata.
“60 Minutos” había emitido una versión abreviada de la respuesta de Harris a una pregunta sobre Gaza e Israel, mientras que la versión más extensa se había emitido en el programa matutino dominical “Face the Nation”. Los abogados de Trump alegaron que la versión más corta fue editada para mejorar la imagen de Harris y sus posibilidades electorales, mientras que CBS afirmó que había sido editada por su extensión.
Inicialmente, un portavoz de CBS declaró que la demanda carecía por completo de fundamento, y muchos abogados defensores de la Primera Enmienda afirmaron que era improbable que prosperara. Sin embargo, para abril de 2025 y con Trump de regreso en la Casa Blanca, ambas partes se encontraban en proceso de mediación. En julio, CBS acordó resolver la demanda por 16 millones de dólares, a pagarse a la fundación que tendrá a su cargo la futura biblioteca presidencial de Trump. La cadena no se disculpó.
El acuerdo llegó en medio de la fusión por 8400 millones de dólares de la Paramount, empresa matriz de CBS, con Skydance Media, propiedad de David Ellison. La adquisición fue aprobada por los reguladores del gobierno pocas semanas después del acuerdo con CBS, que el presentador de televisión nocturna de CBS, Stephen Colbert, un frecuente crítico de Trump, calificó de “jugoso soborno”: el programa de Colbert fue cancelado tres días después, aunque la cadena afirmó que se trató de una “decisión puramente económica”. Paramount Skydance no respondió a una solicitud de comentarios.
En diciembre de 2022, Trump demandó a 20 miembros de la Junta del Premio Pulitzer, alegando que lo difamaron al negarse a revocarle el premio de 2018 a The New York Times y a The Washington Post por su cobertura de la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y sus vínculos con la campaña de Trump.
La demanda, presentada ante un tribunal estatal del condado de Okeechobee, Florida, no cuestiona directamente la información de esos diarios ni la decisión de premiarlos, sino que le apunta a una declaración de la junta de 2022 en respuesta a las exigencias de Trump de que se revocaran esos premios. Entre los acusados de la Junta del Pulitzer hay destacados periodistas y editores de The New Yorker, The Boston Globe y The Atlantic.
En julio de 2024, el juez estatal de Florida, Robert Pegg, rechazó las mociones para desestimar el caso y la causa parece lejos de resolverse. En diciembre de 2025, la junta del Pulitzer hizo una presentación judicial para obtener las declaraciones de impuestos de Trump desde 2015 y su historial médico y psicológico, argumentando que si el presidente reclama una indemnización por daños mentales o emocionales, debe proporcionar documentación: “Al igual que cualquier otro demandante, el presidente debe articular y probar sus afirmaciones con pruebas”, declaró un portavoz de la junta.
En diciembre de 2024, Trump demandó al Des Moines Register y a la encuestadora Ann Selzer, de Iowa, por publicar una encuesta tres días antes de las elecciones presidenciales que mostraba a Trump detrás de la vicepresidenta Kamala Harris. Allí alega que los demandados habían infringido las leyes de protección al consumidor al cometer “interferencia electoral”, y afirma que el periódico y la encuestadora “esperaban que la encuesta generara la falsa sensación de que la elección de Harris era inevitable” en la última semana de campaña.
Trump ganó en Iowa por un margen de 13 puntos porcentuales. En respuesta a su demanda, una portavoz de Gannett, la empresa matriz del Des Moines Register, sostuvo el informe de ese medio y después de las elecciones la encuestadora Selzer revisó los datos de la encuesta y no encontró “ningún ejemplo del supuesto error”. Los abogados de Trump presentaron la demanda ante un tribunal estatal de Iowa, pero el Register y Selzer solicitaron el traslado de la causa a un tribunal federal y presentaron una moción para desestimarlo por falta de mérito. La causa sigue en trámite.
En julio de 2025, Trump demandó por 10 mil millones de dólares a The Wall Street Journal; a su empresa matriz, Dow Jones; al presidente de News Corp, Rupert Murdoch; al CEO de News Corp, Robert Thomson; y a los periodistas Khadeeja Safdar y Joe Palazzolo, alegando que el periódico lo difamó al publicar un artículo sobre un dibujo lascivo supuestamente firmado por Trump y que le habría regalado al financiero Jeffrey Epstein cuando cumplió 50 años, en 2003.
El Journal efectivamente informó que el dibujo —uno de las docenas que fue juntando Ghislaine Maxwell, socia de Epstein— era el contorno de una mujer desnuda con varias líneas de texto en su interior y que terminaba con: “Feliz cumpleaños, y que cada nuevo día sea otro maravilloso secreto”. Trump negó haber escrito la nota y le dijo al Journal que “es algo totalmente falso” y “yo no hago dibujos de mujeres”.
La demanda recayó en el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida, a cargo del juez Darrin P. Gayles, designado por Obama. En septiembre de 2025 los acusados pidieron la falta de mérito argumentando que el artículo era veraz y que desde el momento de su publicación el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes había difundido el álbum de cumpleaños que contenía la carta.
En su pedido, los abogados de The Wall Street Journal escribieron que la demanda constituía “una afrenta a la Primera Enmienda” y que Trump había presentado esa demanda “para silenciar a un periódico por publicar información que posteriormente se comprobó que era verídica en los documentos difundidos por el Congreso a la opinión pública de Estados Unidos”.
La mayoría de los juristas opina que la causa es endeble. Para ganar, Trump tendría que demostrar malicia real: que el Journal sabía que la historia era falsa o actuó con un desprecio temerario por la verdad.
En septiembre de 2025, Trump demandó por 15 mil millones de dólares a The New York Times, a cuatro de sus periodistas y a la editorial Penguin Random House, alegando que lo difamaron en el libro de 2024 «Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success» (“Donald Trump, un perdedor con suerte: cómo dilapidó la fortuna de su padre y logró generar un espejismo de éxito”) y en varios artículos sobre su riqueza, su carrera empresarial y su ascenso a la fama a nivel nacional.
La demanda contra los periodistas Susanne Craig, Russ Buettner, Peter Baker y Michael S. Schmidt, acusados junto con The New York Times Company y Penguin Random House, recayó en el Tribunal de Distrito para el Distrito Medio de Florida del juez federal Steven D. Merryday, designado por George H.W. Bush, quien rápidamente desestimó la demanda original de 85 páginas calificándola de “decididamente impropia e inadmisible” y en su fallo dijo que parecía más un documento político que una presentación legal seria.
Una demanda, escribió Merryday, no es “un megáfono de las relaciones públicas ni el escenario de un acto político”, y autorizó a Trump a expresar su reclamo en una demanda enmendada que no excedía las 40 páginas. Los abogados de Trump volvieron a presentar la demanda en octubre de 2025, con exactamente 40 páginas, eliminando al periodista Schmidt de la lista de acusados.
La nueva demanda cuestiona docenas de declaraciones del libro y dos artículos del Times, alegando que retrataban falsamente a Trump como un empresario fracasado que debía su fortuna a su padre y cuya imagen fue fabricada por productores de televisión. La demanda alega que Craig y Buettner “recibieron declaraciones de impuestos robadas” y que el Times tiene la costumbre de resolver “cualquier ambigüedad o incertidumbre fáctica de manera sesgada, siempre en desmedro del presidente Trump”. El Times declaró que la demanda carece de fundamento.
“No es más que un intento de acallar la información independiente y generar atención de relaciones públicas, pero The New York Times no se dejará intimidar”, declaró un vocero del diario. En diciembre de 2025, el Times presentó una moción para desestimar la demanda enmendada. El caso está pendiente.
Trump también tiene una demanda en marcha contra la cadena británica BBC, una causa que podría tener derivaciones jurisdiccionales, ya que es por la difusión de un documental que en realidad nunca fue transmitido en Estados Unidos.
Y entre las causas desestimadas por los jueces están la del año 2020 contra The New York Times por una columna de opinión de Max Frankel publicada el año anterior, y la de ese mismo año contra The Washington Post. Ambas fueron desestimadas porque los jueces consideraron que las columnas de opinión están protegidas por la Primera Enmienda.
En 2021, Trump demandó de nuevo a The New York Times, a tres de sus periodistas y a su sobrina Mary L. Trump, por lo que denominó una “trama insidiosa” para obtener sus registros fiscales y hacerlos públicos. En 2022, Trump demandó a CNN por difamación por 475 millones de dólares. Ambas fueron desestimadas.
Por Laura Wagner y Scott Nover (Traducción de Jaime Arrambide)
