Un tribunal del oeste de Inglaterra condenó este martes a una mujer que mantuvo sometida a condiciones de esclavitud moderna a una joven con dificultades de aprendizaje durante más de 25 años. El juez a cargo de la causa describió al caso como de una crueldad “dickensiana”.
El Tribunal de la Corona de Gloucester declaró culpable a Amanda Wixon, de 56 años, de los delitos de esclavitud moderna, incluidos dos cargos de exigencia a una persona a que lleve a cabo trabajo forzado, un cargo de encarcelamiento falso y tres cargos de agresión que ocasionó daño corporal real. Fue declarada inocente de otro cargo de agresión. El juicio se extendió por casi dos semanas. Tras la decisión del tribunal, la pena final será comunicada el 12 de marzo.
El secuestro ocurrió a mediados de la década de los ‘90, cuando la víctima tenía 16 años -hoy tiene 40 y se mantiene en el anonimato-. La entonces joven conocía a Wixon a través de su familia y llegó a su casa en Tewkesbury, en el condado de Gloucestershire, para pasar un fin de semana. Sin embargo, Wixon asumió responsabilidad por la víctima en 1996, y la mantuvo encerrada en su hogar hasta 2021, cuando fue rescatada por la policía.
La víctima aseguró que estaba obligada a realizar tareas domésticas para Wixon y sus diez hijos bajo amenaza y agresiones físicas: la obligaban a barrer los pisos con una pala y un cepillo, servir las comidas familiares, lavar los platos y doblar y separar la ropa de la familia. Pasaba tanto tiempo arrodillada limpiando el piso que desarrolló callosidades en sus tobillos y pies.
Vivía aislada del mundo exterior y no la dejaban salir del hogar. Wixon le daba una comida al día, que en general estaba conformada por sobras o restos. La joven escondía dulces para comer en secreto cuando tenía hambre.
La víctima tenía que lavarse a escondidas durante la noche, ya que no le permitían bañarse, pero la obligaban a bañar a los niños y a preparar baños para Wixon. La violencia era brutal: la golpeaban regularmente, le tiraban productos de limpieza en la cara y en la garganta, metían su cabeza adentro del inodoro y era estrangulada. También le raparon la cabeza contra su voluntad y la pisotearon y golpearon en la cara con un palo de escoba, lo que provocó que perdiera sus dientes.
Una anécdota particular que compartió la víctima en el juicio fue que una vez le dieron un celular y, cuando Wixon se enteró, la golpeó con él y le dejó un ojo morado. Después rompió el dispositivo con un martillo.
Además, la joven no tenía dinero y Wixon cobraba beneficios sociales a su nombre desde el año 2000. El dinero se depositaba en su cuenta bancaria mientras la víctima vestía ropa usada y vivía en la extrema pobreza.
Más tarde, la joven consiguió otro celular, el cual usó en 2021 para pedir ayuda a un conocido, quien llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron el 15 de marzo, encontraron a la víctima desnutrida, con mal olor y signos de abandono. También tenía moretones en los brazos. Ante la llegada de los efectivos, se mostró completamente asustada.
Cuando ingresaron, vieron que la habitación de la joven estaba compuesta solo por una cama y que tenía paredes con moho y casi sin iluminación. Cuando la mujer fue analizada por los médicos, comprobaron que había sufrido infecciones graves que no tuvieron tratamiento y que no había recibido atención sanitaria u odontológica durante los 25 años que estuvo secuestrada.
La víctima fue derivada a un hospital y luego llevada a un dentista, quien aseguró que la joven debió haber sufrido dolores severos en múltiples momentos a lo largo de los años debido a infecciones y abscesos que nunca fueron tratados.
“El relato tiene una cualidad dickensiana”, dijo el juez Lawrie al cierre del juicio, reportó The Guardian. Buscaba remarcar que la víctima prácticamente “desapareció de la sociedad” durante más de 20 años, sin registros médicos, educativos ni seguimiento de servicios sociales.
Durante el juicio, la defensa de Wixon negó que la joven fuera esclavizada y que sufriera violencia sistemática, y sostuvo que el hogar era precario para todos los que vivían allí, incluida su familia. Pero el jurado dio por probada la existencia de un patrón prolongado de explotación, control y maltrato.
Tras su liberación, la víctima continúa experimentando secuelas psicológicas por sus años de encierro. Sin embargo, rearmó su vida: vive con una familia en un hogar temporal, retomó sus estudios y cumplió aquellos deseos que había postergado durante décadas, como dejarse crecer el pelo y viajar por el mundo, reportaron desde el medio local.
